La experiencia chilena

¿Cuál es la función que debe cumplir la televisión pública en una democracia? ¿Quiénes deben administrarla? ¿Televisión verdaderamente pública o del Gobierno?

Para el productor chileno de televisión Valerio Fuenzalida, la televisión pública en América Latina ha sido utilizada recurrentemente como medio de propaganda de los gobiernos de turno, amparados en que la manejan directamente, sin ningún tipo de intervención de la sociedad.

Según Fuenzalida, en un mundo globalizado–que ha dejado atrás la sociedad ideológica de las décadas de 1960, 1970 y 1980 para pasar a una sociedad en la que impera la incertidumbre y que construye sus verdades relativas sobre una pluralidad de opiniones– este esquema de propaganda política no tiene sentido y está condenado al fracaso.

Si bien el 20 por ciento de todos los canales de televisión de señal abierta en América Latina es público o depende del Estado–un porcentaje considerable–, casi todos ellos tienen un bajo nivel de
sintonía porque la gente piensa que privilegian la voz oficial en desmedro de otros grupos sociales y políticos.

En ese sentido, el estudioso sureño exige una profunda reforma y emplaza a los gobiernos a dejar de tratar a los canales públicos como si fueran un botín político.

Plantea entregarlos cuando antes a la sociedad organizada para que se conviertan en medios de comunicación democráticos, con información objetiva y plural, para que–combinando una programación de educación con entretenimiento– la protagonista de la pantalla sea la movilización social y no los políticos, además de una programación descentralizada.

Para el manejo de estos medios, el estudioso propone una administración de tres niveles: en un primer nivel una comisión en la que estén representados sectores de la sociedad, que establezca las líneas matrices del canal, donde la objetividad, la independencia y la promoción de valores democráticos se den por descontadas.

Esta comisión elegiría al directorio de la empresa televisiva, cuyos miembros sean nombrados para un período determinado, a fin de impedir que sean removidos por la autoridad política.

A su vez, el directorio, de acuerdo con los parámetros establecidos por la comisión, designa al director ejecutivo, que finalmente administra la empresa. Así, se garantiza la independencia del medio respecto al poder político.

Al hacer un balance de lo que ha sido la televisión estatal y el rol que le toca cumplir en una democracia
moderna, Fuenzalida remarcó que estos medios deben tomar conciencia de que cumplen objetivos del Estado, antes que del Gobierno.

“ Tenemos que mirar la televisión desde un punto de vista menos laical, más secular y menos mágica. Tenemos que renunciar a esa idea de que la televisión puede resolver todos nuestros problemas y entrar a un proceso de aprendizaje para exigirle objetivos más inmediatos.

Debemos poner en pantalla a una sociedad creativa, que tiene capacidad para solucionar sus problemas”, propone.

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