Huellas oscuras

Narcotráfico, estafas y violaciones a derechos humanos.
La presencia de la corrupción en gobiernos recientes. ¿Hubo voluntad
de investigación? ¿Cuántos casos se sentenciaron?

La Tercera Encuesta Nacional sobre Corrupción, realizada en setiembre del año pasado por Apoyo Opinión y Mercado y ProEtica, revela que la ciudadanía percibe que ha habido corrupción, en diversos grados, en todos los gobiernos, incluido el actual. Tal percepción se debe a la existencia de casos de corrupción suscitados en los distintos niveles del aparato estatal; casos conocidos gracias a la prensa o a las investigaciones del Congreso y otros órganos de fiscalización. La democracia retornó al país en julio de 1980, con el regreso de Fernando Belaunde al sillón presidencial del que fue desalojado en octubre de 1968 por un golpe militar.

La inexistencia de una prensa independiente durante los doce años del régimen castrense hizo que no se conocieran los actos de corrupción que se cometieron dentro del Estado.

Por ello fue mayúsculo el escándalo generado al revelarse en 1982 los vínculos del narcotraficante Carlos Langberg con personajes del régimen militar. El caso, en realidad, se inició el 2 de enero de 1980, cuando se le decomisó un cargamento de 475 kilogramos de pasta básica de cocaína. El ministro del Interior del gobierno castrense, general (r) Fernando Velit Sabattini, fue objeto de investigación en el Congreso y de una acusación constitucional por pretender liberar a Langberg. Además de editar un periódico llamado PM, Langberg mantenía amistad con políticos de la época; uno de ellos era el líder aprista César López Silva.

Su salida de prisión, en octubre de 1986 (durante el gobierno de Alan García y sólo cuatro años después de ser encarcelado), fue un escándalo. Ya iniciado el quinquenio belaundista, se hizo en julio de 1981 la compra, por medio del gerente general de la Compañía Peruana de Vapores (CPV), Sandro Arbulú, de dos buques de carga, denominados Mantaro y Pachitea, a los Astilleros Italcantieri de Italia. Pero Arbulú hizo el contrato de compra a nombre de dos empresas, Witan Enterprises Inc y Woodmere Enterprises Inc, constituidas por él y subsidiarias, respectivamente, de los bancos American Express Leasing Corporation y Chemco International Ltd. El contrato establecía el pago de 48 millones 300 mil dólares por la transacción. Cinco meses después, las mencionadas empresas firmarían con la CPV un contrato de alquiler de ambas embarcaciones por 66 mil 847 dólares. El 24 de ese mes ambos buques se entregaron a la CPV, pero durante su viaje hacia Ilo presentaron fallas, por lo que el 20 de octubre del siguiente año el gobierno decidió no seguir pagando por su alquiler. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso en 1983 que se incluyera dicha deuda en el Plan de Financiamiento de la Deuda Pública Externa del país, acción que sería confirmada en el gobierno de Alberto Fujimori.

Otro caso fue el referido a la firma, en 1981, del contrato de construcción de penales entre el Ministerio de Justicia y la empresa española Guvarte. La Contraloría se pronunció cuestionando el acto. Una investigación parlamentaria determinó posteriormente la existencia de sobrevaloraciones efectuadas por Guvarte en la compra de productos y artículos que se iban a usar en la implementación de los penales que se comprometió a construir.

Las imputaciones no fueron aprobadas por la subcomisión formada ex profeso en la Cámara de
Senadores, pero el pleno de ésta, en 1985, ya iniciado el gobierno aprista, decidió devolver el tema a Diputados. De allá no se supo más del caso hasta
1991, quedando en el olvido.

En 1983, investigaciones policiales determinaron que el diputado acciopopulista Reynaldo Rivera Romero, representante de Huánuco, mantenía vínculos con narcotraficantes que operaban en Tingo María. Esa fue la causa de su inmediato desafuero.

En 1984, también desde la Contraloría, estalló otro escándalo con un informe en el que se indicaba que el general Juan Balaguer Morales había incurrido en irregularidades en el manejo de fondos públicos. En la misma resolución, apelando a las facultades legales que le competían, la Contraloría solicitó la destitución del oficial. El 24 de julio de 1985, el estallido de un laboratorio de cocaína, conocido como “Villa Coca”, puso al descubierto una red de narcotráfico en la que se hallaban comprometidos oficiales policiales y poderosos personajes. Las investigaciones de la Policía y el Poder Judicial determinarían que en marzo de 1992 se diera pena de cárcel a Reynaldo Rodríguez López, cabecilla de la banda; a dos de sus hermanos, al ex jefe de la Policía de Investigaciones José Jorge Zárate y a Luis López Vergara, ex asesor del ex ministro del Interior belaundista Luis Pércovich. Acorde con las investigaciones, Jorge extraía información del Ministerio del Interior a fin de comunicársela a Rodríguez López. Por ese entonces, Vladimiro Montesinos, quien laboraba como abogado, se encargó de la defensa de varios de los oficiales implicados en este caso.

La ausencia de mecanismos de control y de leyes adecuadas para garantizar un buen manejo del aparato estatal permitió que la corrupción continuara dentro de éste en los años siguientes. así, la creación del Mercado Unico de Cambio (MUC) para dotar al dólar de una cotización que pudiera resultar competitiva para los exportadores resultó siendo mal utilizada por muchos de éstos para enriquecerse impunemente.

El subsidio en cuestión representó para el Estado un desembolso de dos mil 274 millones de dólares, desconociéndose, debido a estas irregularidades, el beneficio que se obtuvo a cambio.
A su vez, al término de su mandato, entre 1991 y 1992, Alan García fue sometido a investigaciones parlamentarias por diversos casos. Tras el golpe de Estado de Fujimori y al ser perseguido por el régimen, se refugió en Colombia, mientras que en Lima se le iniciaban juicios por diversos temas. éstos comprendían su presunto desbalance patrimonial y cuentas en el exterior no sustentadas; el supuesto pago de un soborno por un millón de dólares de la empresa Tralima, encargada de la construcción del tren eléctrico, y la recepción de pagos por parte del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) para el depósito en dicha entidad de fondos del Banco Central de Reserva. Estos temas fueron declarados prescritos en enero de 2001 por el Poder Judicial, incluida la denuncia por la compra sobrevaluada (por 150 millones de dólares) de 26 aviones Mirage a Francia y una supuesta posterior maquinación, realizada por García, para reducir a doce el número de estas naves a fin de que las restantes, tras ser fabricadas, pasen a Irak, previo pago de una "comisión" a la parte peruana. Otro sonado caso en este Período fue el del parlamentario aprista Miguel Angel del Pomar, detenido y vinculado a una mafia de narcotraficantes que remitía estupefacientes a Europa ◆

Violaciones a los derechos humanos

El segundo quinquenio de Fernando Belaunde fue también el Período en que Sendero Luminoso Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señala que durante ese gobierno se registraron siete mil 795 muertes; de esta cifra, 45 por ciento fue vctima de las fuerzas militares. En ese marco, la declaración, en diciembre de 1982, del estado de emergencia en cinco provincias de Ayacucho, una de Huancavelica y otra en Apurímac implicó dejar éstas en manos de las Fuerzas Armadas.

De esta situación derivaron crímenes y excesos, variosde ellos aún materia de procesos judiciales. Entre 1983 y 1985 se registraron masacres como las de ocho periodistas en Uchuraccay, de campesinos en Soccos, de evangelistas en Callqui-Nispeocniyoc, las desapariciones del periodista Jaime Ayala y del dirigente Jesús Oropeza, así como cientos de ejecuciones extrajudiciales en diversas localidades ayacuchanas. Respecto al gobierno de Alan García, la CVR detectó ocho mil 173 muertes y desapariciones, de las cuales 30 por ciento corresponde a acciones castrenses. En este período se perpetraron las matanzas de Accomarca y Pucayacu, ocurridas poco antes, y también se produjeron las de los penales (1986) y de Cayara (1988). Este último caso, por el cual un grupo de parlamentarios responsabilizó, en un informe en minoría, al comandante de la zona, José Valdivia Dueñas, fue sobreseído en 1990. En cuanto al "Comando Rodrigo Franco", al que se le atribuyó el asesinato de Manuel Febres, defensor del senderista Osmán Morote, una comisión presidida por el diputado aprista César Limo señaló en su informe en mayoría que no había evidencias sobre su existencia. El dictamen en minoría, a su vez, establecía vínculos con el ministro del Interior, Agustín Mantilla.

 

Fujimori - Montesinos: Peligrosa convivencia

Cuándo y cómo se conocieron Fujimori y Montesinos. Una amistad que nació de la necesidad de diseñar una estrategia ante las denuncias que incomodaban al ex presidente. Una relación que envolvió hasta a los familiares cercanos.

La relación Fujimori-Montesinos se inició en las semanas previas a la segunda vuelta electoral de 1990. Francisco Loayza, asesor del candidato, fue quien le presentó al ex capitán, entonces conocido por su trabajo como abogado y por su cercanía con el fiscal de la Nación, Pedro Méndez Jurado, a quien había asesorado. Montesinos ofreció trazar una estrategia de defensa frente a las denuncias difundidas en contra de Fujimori respecto a la presunta subvaluación de inmuebles. Fujimori accede a sus recomendaciones. Tras su elección, acepta el planteamiento de Montesinos de enclaustrarse en el Círculo Militar, a fin de evitar cualquier intento de asesinato que, de acuerdo con su flamante asesor, podría maquinarse desde los institutos armados, descontentos por la elección de un candidato no previsto.

Las largas semanas que el electo presidente pasó en dicho lugar sirvieron para que estrechara lazos con Montesinos. A diferencia de Montesinos, cuyas millonarias cuentas bancarias fueron descubiertas apenas perdió poder, Fujimori pareció calcular cada paso. En opinión del ex procurador ad hoc Luis Vargas Valdivia, el no haberse hallado, hasta ahora, cuentas a nombre de Fujimori o de sus familiares directos no descarta la posibilidad de que se haya utilizado el traslado tipo "hormiga".

Es decir, el transporte de dinero en efectivo en maletas durante los numerosos viajes que Fujimori
realizó al extranjero como jefe de Estado y por motivos personales.

La comodísima vida que lleva en Japón, uno de los países más caros del mundo, muestra a un
solvente Fujimori, sin ingreso conocido pero sin apuros económicos. Si a eso se suma el haber cubierto los estudios de sus cuatro hijos en universidades del extranjero, se presume que fueron ingentes los recursos de que dispuso para cubrir ese oneroso gasto.

Las investigaciones concluyen que es difícil pensar que Fujimori desconociera las acciones de su
asesor. Entre los procesos que enfrenta el ex presidente figuran las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, la indemnización de 15 millones de dólares a Montesinos, la interceptación telefónica o "chuponeo" y el mal manejo de donaciones japonesas. Asimismo, la transferencia de fondos de los institutos armados al SIN, la compra irregular de repuestos militares, el ilegal allanamiento de la casa de Trinidad Becerra, la compra de medicinas y tractores chinos en mal estado, el abandono del cargo, el pago a congresistas trÁnsfugas, la emisión de decretos de urgencia para adquisiciones, el pago ilegal de la CTS y la fuga de Montesinos. Hasta la fecha se tramitaron ante las autoridades
japonesas dos solicitudes de extradición y se preparan cuatro cuadernillos que se enviarán este año. Interpol ya informó a sus 180 filiales en el mundo que existe orden de captura contra Fujimori, y son varios los países que muestran su disposición a colaborar con la justicia peruana en caso el ex gobernante pise sus territorios. La jueza Antonia Saquicuray ordenó recientemente la captura nacional e internacional de Rosa, Juana y Pedro Fujimori, procesados por presunto mal uso de donaciones japonesas durante la década anterior. Rosa y Juana Fujimori se encuentran en Japón, mientras que Pedro estaría en Estados Unidos. Es muy probable que hayan optado por apelar a su nacionalidad japonesa, siguiendo el ejemplo de su hermano.

En este proceso penal también están encausados Víctor Aritomi, ex embajador del Perú en Tokio y esposo de Rosa Fujimori, y José Kamiya Teruya, ex secretario general de la Presidencia de la República. Aritomi se halla en Japón el mismo tiempo que Fujimori, mientras que Kamiya es el único de los encausados que permanece en Lima al tener orden de comparecencia con impedimento de salida del país por haber colaborado con las autoridades judiciales desde el inicio de la investigación. El tiempo sigue transcurriendo y Japón aún no se pronuncia. Las autoridades peruanas evalían acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El 18 de mayo, Fujimori tramitó su DNI ante el Consulado peruano en Tokio, pese a que se ampara en su nacionalidad japonesa para evitar su extradición