Por Dios y por la plata

Ex ministros, ex congresistas, reconocidos políticos, nadie se resistió a la tentación
del dinero y la presión del poder. El sistema completo se entregó a la corrupción mediante
emisión de decretos y normas. El camino fue allanado sin importar el precio.

Autorizar el pago de una "compensación por tiempo de servicios" de quince millones
de dólares a favor de Vladimiro Montesinos representó para tres ministros del régimen fujimorista penas que dejarán constancia de su responsabilidad en uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente. Carlos Boloña (ex ministro de Economía), FedericoSalas-Guevara (ex titular del Consejo de Ministros) y Carlos Bergamino (ex ministro de Defensa) fueron objetos de condena por suscribir el Decreto de Urgencia Secreto 081-2000, que autorizaba el desembolso
en cuestión. Boloña y Bergamino recibieron cuatro años de cárcel suspendida, y Salas-Guevara fue sentenciado a tres años por delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir y peculado. Boloña enfrenta otro proceso penal, junto con Montesinos, el ex comandante general de la Marina Antonio Ibárcena y los ex ministros José Villanueva, Elesván Bello y Fernando Dianderas, por concertar un plan para dar un golpe de Estado a Fujimori, elaborando un proyecto de decreto ley por el que se constituiría un "gobierno cívico provisional" presidido por él (Boloña). Después, modificarían el plan, decidiendo poner en dicho cargo a Villanueva Ruesta. Si bien se le archivó la acusación por el delito de asociación ilícita para delinquir, queda pendiente la denuncia por complicidad en rebelión. Otro proceso que comprende al ex ministro Boloña es el referido al golpe de Estado del 5 de abril de 1992, en trámite actualmente en la Corte Suprema.

Se hallan encausados también Fujimori, sus ex ministros Joy Way, Augusto Blacker, Jaime Sobero,
Alfredo Ross, Víctor Malca, Jaime Yoshiyama, Víctor Paredes, Augusto Antonioli, Juan Briones, Absalón Vásquez, Oscar de la Puente y Fernando Vega. A ellos se les imputan delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión, y en el caso de Fujimori, Briones y Malca, de secuestro, en agravio de diversos políticos. Un caso clave es el del desvío de fondos hacia el SIN. Se incluyen en este proceso al ex mandatario y los ex titulares de Economía Jorge Camet, Víctor Joy Way, Jorge Baca, Efraín Goldemberg, y los de Defensa Tomás Castillo, César Saucedo, Julio Salazar, Carlos Bergamino, Juan Briones y José Villanueva. En este caso, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha pedido la extradición del exresidente. El monto estimado del irregular desvío de recursos de diversas dependencias del Ejecutivo al
SIN es de 100 millones de dólares, buena parte de los cuales, según la instancia judicial, habría sido destinada a financiar la campaña re-reeleccionista de Fujimori. Joy Way, Bergamino, Baca, Saucedo, Camet, Salazar, el ex presidente del Consejo de Ministros Alberto Pandolfi y el ex contralor general Víctor Caso Lay afrontan, además, proceso por la emisión irregular de decretos de urgencia, mediante los cuales se dispuso el uso de fondos de la privatización para irregulares
adquisiciones militares. Por otro lado, Jorge Camet enfrenta, junto con Fujimori, un proceso por la emisión de dos decretos supremos; por medio de ellos se adquirieron a la empresa Mobetek repuestos para camiones Mercedes Benz y helicópteros MI-17, que fueron sobrevaluados.
En este mismo proceso se incluye al actualmente prófugo ex contralor Víctor Caso Lay, por no fiscalizar estas transacciones. Otro proceso que comprende a Caso Lay es el concerniente a su desempeño al mando de la Contraloría, por no fiscalizar al SIN. La Fiscalía ha pedido tres años de prisión y el pago de diez millones de nuevos soles. Otro ex ministro de Economía procesado es Jorge Baca Campodónico (cuya extradición de Argentina se tramita), por malversación de fondos, al haber dispuesto el desvío de dinero de Cofide a fin de evitar que el Banco Latino fuera intervenido por la Superintendencia de Banca y Seguros. Se debe mencionar asimismo el proceso por el caso de la aplicación del denominado RUC sensible; es decir, aquel registro de contribuyentes protegido de inspecciones y fiscalización en el cual, entre otros, se incluyó a personajes de la mafia.

Además, se tiene en proceso de calificación el expediente por el caso de la compra irregular de maquinaria agrícola de procedencia china. En éste se comprende a los ex ministros Absalón Vásquez y Raúl Vittor Alfaro, así como a la ex directora general de la Oficina de Administración del Ministerio de Agricultura Luz Isabel Cornejo Rojas, por el delito de aprovechamiento indebido del cargo.

La aparición del video de Alberto Kouri y Montesinos no sólo confirmó la compra de congresistas por el régimen, sino que representó para el ex parlamentario una sentencia de seis años de cárcel. Por otro lado, el proceso a los ex parlamentarios tránsfugas compromete a 19 personas, además de Fujimori. éstas son: Róger Cáceres Pérez, Ruby Rodríguez, Milagros Huamán, Waldo Ríos, Juan Mendoza, Jorge D`Acunha, José Luis Elías Avalos y Jorge Pollack. Figuran también Edilberto Canales, Mario Gonzales, Gregorio Ticona, Guido Pennano y José Luna, Rolando Reátegui, los fujimoristas Víctor Joy Way, Luz Salgado, Carmen Lozada, José Vara y Antonio Palomo. De todos los procesados, sólo Palomo y Joy Way se hallan encarcelados por otros casos.

El juicio busca determinar si estas personas recibieron dinero o favores de Montesinos a cambio de
pasarse a las filas del fujimorismo. Se encuentra asimismo el caso del ex congresista del PAP Agustín Mantilla, quien solicitó dinero a Montesinos para su campaña electoral. Purga seis años
de prisión por los delitos de receptación y corrupción de funcionarios. Existe igualmente el caso del ex magistrado del Tribunal Constitucional José García Marcelo, condenado a seis años de prisión, hasta el 2 de julio de 2009, por conspirar con Montesinos para frustrar el referéndum contra la reelección de Fujimori. Se debe resaltar la sentencia contra Luis Bedoya de Vivanco, quien recibió 25 mil dólares de Montesinos para que financiara su campaña a la alcaldía de Miraflores. Tanto él como el ex ministro Tomás Gonzales Reátegui fueron condenados a ocho y cinco años de prisión, respectivamente, por el delito de peculado. Algo similar es el proceso abierto contra el prófugo ex candidato a la alcaldía de Lima Juan Carlos Hurtado Miller, quien recibió del ex asesor 249 mil dólares para su campaña proselitista.

En otra polémica decisión, la Corte Suprema anuló el juicio seguido por la Sala Anticorrupción "A" a Montesinos —condenado a ocho años de cárcel— y al ex futbolista Héctor Chumpitaz, sentenciado a cuatro años de prisión suspendida. Ahora será la Sala Anticorrupción "C" la que los juzgará nuevamente.

El soborno a los candidatos

Todo empezó cuando Vladimiro Montesinos dijo haber entregado 20 mil dólares a Martha Chávez y sumas similares a otros candidatos al Congreso de la lista de la alianza fujimorista Perú 2000. Montesinos fue interrogado en setiembre de 2001 en la Base Naval del Callao. Allá, ratificó su versión inicial, en la que indicó que, por orden de Fujimori, distribuyó 100 mil dólares entre Chávez, Luz Salgado, Carmen Lozada, Manuel Vara Ochoa y Jaime Sobero Taira, dándoles 20 mil a cada uno, a fin de que solventaran sus campañas en 2000. Matilde Pinchi ratificó esta versión ante la subcomisión investigadora presidida por Daniel Estrada y el Poder Judicial. La empresaria afirmó que preparó, por orden de Vladimiro Montesinos, cinco sobres con 20 mil dólares cada uno, para entregárselos a las personas mencionadas. El informe sólo encontró indicios de responsabilidad en Martha Chávez y Luis Cáceres, de quien Montesinos declaró haberle entregado dinero a cambio de su pase al fujimorismo. En los comicios de 2000, Cáceres postuló al Congreso por las filas del Frepap y resultó electo. Antes de su juramentación, se plegó al fujimorismo. El 25 de marzo de 2002, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe acusatorio contra ambos parlamentarios. El pleno haría lo propio el 25 de junio de aquel año, con 62 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones. Como consecuencia de la acusación constitucional, la Fiscalía de la Nación planteó, a su vez, el 2 de junio de 2002, denuncia contra ambos por receptación, amparándose en el artículo 194 del Código Penal vigente.

El juicio oral se inició el 31 de setiembre en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. El fiscal instructor solicitó tres años de cárcel para ambos y el pago de 300 mil nuevos soles como caución por el delito de receptación. El proceso entablado contra Chávez y Cáceres prosigue su marcha, Después de una primera sentencia que fue objeto de impugnación. Tras la absolución del delito de receptación dispuesta a favor de la primera y el fallo que ordena prisión suspendida por tres años y el pago de 200 mil nuevos soles para el segundo por cohecho pasivo, el fiscal supremo Avelino Guillén Jáuregui presentó una apelación, mientras que la Procuraduría Anticorrupción
interpuso un recurso de nulidad de la sentencia.