La prensa rentada

El objetivo era desinformar y enlodar honras. Con millonarios sobornos
y condonación de deudas tributarias se sometió a los principales medios
de comunicación televisivos y escritos.

La dictadura pretendía perpetuarse en Palacio de Gobierno y para eso necesitaba no sólo
manipular las instituciones sino también era indispensable manejar los medios de comunicación.
La captación de empresarios y periodistas de la prensa escrita, radial y televisiva fue muy rápida.
Bastó con el simple pago de sobornos y la condonación de deudas tributarias para que comenzara
el trabajo de demolición contra los enemigos del régimen.
Se creó entonces en las instalaciones del entonces Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) un
"comando de reelección" en el que se coordinaban las acciones de impacto mediático.
En principio —según confesión de Humberto Rozas y del propio Montesinos, los jefes nominal y de
facto del SIN— se destinaron 100 mil dólares para el comando reeleccionista. Después, esta suma alcanzó cifras exorbitantes. Durante todo 1998, el SIN gastó más de 46 millones de nuevos soles. Al año siguiente, el presupuesto fue de 43 millones, y de enero a setiembre de 2000, los desembolsos alcanzaron los 34 millones 200 mil nuevos soles. Estos montos provenían de los fondos reservados del SIN y de remesas que entregaban mensualmente los ministerios de Defensa y del Interior. El régimen financió la aparición y el sostenimiento económico de una larga lista de diarios: El Chino, El Tío, El Men, El Chato, La Chuchi, La Yuca, Conclusión, Referéndum, El Mañanero y Diario más... Montesinos reclutó primero al publicista argentino Daniel Borobio, quien además de cobrar jugosos honorarios pidió la cancelación de su deuda con la Sunat, ascendente a casi dos millones de nuevos soles. Borobio, junto con sus colegas y compatriotas Ricardo Winitzky y Saúl Mankevich, elaboraba los titulares difamatorios, mientras que Augusto Bresani era el encargado de remitirlos a los diarios tras el visto bueno de Montesinos y Fujimori.

Tras casi un año de juicio oral y tres de investigación, el 26 de enero pasado fueron sentenciados varios de los implicados Consciente de su mayor cobertura e influencia en el público, Montesinos entregó grandes sobornos a los medios audiovisuales. Para los anales de la corrupción, aparecen registrados en videos Ernesto Schutz Landázuri (ex presidente del directorio de Panamericana Televisión-canal 5) que recibió diez millones de dólares; José Francisco y José Enrique Crousillat (ex directivos de América Televisión), a quienes dio desde octubre de 1998 la suma de 619 mil dólares mensuales, reajustada a partir de noviembre de 1999 a dos millones de dólares mensuales hasta los primeros meses de 2000. Los hermanos Samuel y Mendel Winter, accionistas
mayoritarios de Frecuencia Latina-canal 2, recibieron en diciembre de 1999 más de un millón y
medio de dólares. Se les entregó posteriormente tres millones de dólares mensuales hasta mayo de 2000. A Julio Vera Abad se le pagaban 50 mil dólares mensuales. Pero Montesinos quería su propia estación de televisión. Para ello pagó dos millones de dólares por el 75% de las acciones de Cable Canal de Noticias (CCN) en una transacción en la que están implicados los prófugos Eduardo Calmell del Solar y Manuel Ulloa Van Peborg, así como el procesado general (r) Luis Delgado Arenas. No contento con manejar los medios de comunicación convencionales, Montesinos se interesó por atiborrar el ciberespacio. Así contrató al astrólogo argentino Héctor Faisal Fracalossi, quien a cambio de 20 mil dólares mensuales se encargó de emitir agravios a través del sitio web llamado, irónicamente, Asociación Pro Defensa de la Verdad (Aprodev). Faisal recibió una pena de tres años de prisión efectiva y deberá pagar 100 mil nuevos soles de reparación civil a favor del Estado. Por su parte, Vladimiro Montesinos fue condenado a cuatro años de cárcel; a Humberto Rozas y Oscar Camargo se les aplicó cinco años de pena privativa de la libertad. La Sala Anticorrupción ordenó que estos tres sentenciados pagarán una reparación civil de 500 mil nuevos soles en forma solidaria a favor del Estado. Otro persona involucrada es Laura Bozzo, animadora de televisión, quien es procesada junto con Montesinos y un grupo de artistas conocidos, como Tulio Loza y Carlos Alvarez. Según la acusación fiscal, Bozzo apoyó abiertamente la campaña reeleccionista de Fujimori por instrucciones directas de Montesinos. El Ministerio Público pide para ella siete años de prisión y el pago de una reparación civil de 15 millones de nuevos soles

 

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