Lima, nov.19 (ANDINA).- Esta es la segunda vez que los peruanos se dirigen a las urnas para elegir autoridades regionales, un paso más hacia la consolidación del proceso descentralizador que se implanta en el país.

 La primera elección fue el 17 de noviembre del año 2002, en medio una jornada cívica donde predominó la voluntad de la población.

El proceso descentralizador se inicia con la dación de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley 27783) por el Congreso, en julio 2002. La Primera Disposición Transitoria de dicha ley establecía que las autoridades de los primeros gobiernos regionales elegidas en primera elección regional, asumirían sus cargos el 1 de enero del 2003, y así fue.

Con la descentralización, el Estado busca una administración más eficiente, distribuir de manera ordenada las competencias públicas, la representación política y la participación y fiscalización ciudadana, así como la institucionalización de gobiernos regionales y locales sólidos.

En el ámbito social, busca incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas a la actividad económica y socio cultural del resto del país, porque el proceso reconoce la interculturalidad, y contribuye a superar toda clase de exclusión y discriminación.

En términos económicos, intenta el desarrollo autosostenido y la competitividad de las diferentes regiones y localidades en base a su especialización productiva y mejorar la cobertura y abastecimiento de los servicios sociales básicos y la redistribución equitativa de los recursos del Estado.

Los resultados de esa elección cambiaron el mapa político del país y fueron, en opinión de los analistas, en su momento, un preludio de los que serían los resultados obtenidos años después en las elecciones presidenciales. En esa elección el Partido Aprista consiguió la presidencia de doce gobiernos regionales, la primera mayoría de los 25 gobiernos regionales puestos a elección.

Para la puesta en marcha del proceso descentralizador, el Congreso aprobó un conjunto de leyes que regularon las funciones de cada jerarquía de gobierno para evitar duplicidad o superposición de facultades.

El paquete normativo incluyó la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades; la Ley de Ordenamiento y Demarcación Territorial; y la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones.

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