Redes peligrosas

Vulnerabilidades psicológicas

Captura del chat de "Lucía": ante el miedo, el agresor busca inspirar confianza.

Captura del chat de "Lucía": los mensajes son constantes, incluso cuando no recibe respuesta de la menor.

Así los captan

¿Cómo actúan los pedófilos y explotadores en línea en el Perú? El coronel PNP Orlando Mendieta, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), confirma a la Agencia Andina la existencia de este tipo de “manual del pedófilo en línea”, que se encuentra en la web y en la deep web, también conocida como Internet Profunda, donde se puede encontrar anuncios de tráfico de drogas, sicariato, venta de órganos humanos y pornografía infantil.

“En el manual hay un capítulo completo que habla del grooming. Aquí detallan cómo operan los groomers para captar a sus víctimas”, señala Mendieta.

El ciberdelincuente crea en la víctima una sensación de culpabilidad para evitar que el menor lo exponga. “Los convencen para que desaparezcan todo (evidencias)”, dice.

Escucha más de la entrevista al coronel Mendieta en el reproductor:

La oferta y la demanda lucrativa de imágenes y videos de menores de edad con poca ropa, desnudos o expuestos a violaciones son la razón por la cual los pedófilos en línea se capacitan y entrenan hasta volverse expertos explotadores sexuales.

“Tú requieres (material pornográfico o servicios sexuales) y ellos te ponen el precio. Ellos saben qué capacidad económica tienes”, añade Mendieta. La víctima será más valorada mientras sea más joven o si es virgen.

Trabajo conjunto desde el Estado

El 73% de casos registrados este año ocurrieron desde Facebook; el 46%, en WhatsApp; y el 29%, desde mensajes de texto, precisa a la Agencia Andina Godofredo Huerta Barrón, director II de la Dirección de Políticas de Niños, Niñas y Adolescentes del MIMP.

El acoso, el chantaje y la trata son penados por ley. Sin embargo, eso no detiene a los agresores.

El funcionario destaca que la normativa vigente permite castigar estas denuncias. “Ya se dio la Ley 30096, que es la Ley de delitos informáticos y que ha tenido modificaciones adicionales que la han perfeccionado (…) y permite incorporar delitos como explotación sexual y figuras como la pornografía infantil, con penas que pueden llegar a los 15 años de pena privativa de la libertad. Otra norma, el decreto legislativo 1410, incorporó los delitos de acoso, acoso sexual y chantaje sexual, que también se sancionan cuando se registran por medios virtuales”, indica Huerta.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es atendida desde diferentes espacios interinstitucionales. El primero es la Comisión Intersectorial de Monitoreo y Seguimiento de la Ley 300364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En este espacio participa el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para mejorar el trabajo ante la violencia de índole sexual y de otra naturaleza también.

Existe también el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 2012 – 2021, que tiene una comisión multisectorial en la que participan 18 sectores del Estado Peruano, entre ministerios y entidades públicas, así como organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo. Huerta Barrón añade que el sector trabaja actualmente en una actualización de esta política pública.

“El MIMP tiene Unidades de Protección Especial, equipos multidisciplinarios que atienden a las víctimas si hay una situación de desprotección familiar. También están los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que son ahora más de 300 a nivel nacional, con equipos multidisciplinarios que dan la asistencia integral a las víctimas de todo tipo de violencia”, refiere.

Trata de personas, otro delito grave

El eje de coordinación estatal sobre este delito es la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas, cuya rectoría tiene el Ministerio del Interior. El trabajo integra autoridades de los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Interior, de la Mujer (y, dentro de este, los Centros de Emergencia Mujer, Inabif, las Unidades de Protección Especial), el Ministerio Público, y otras instituciones vinculadas. Gracias a esta articulación se publicó este año una guía de reintegración de víctimas de trata.

El grooming puede ser la puerta de entrada a la trata de personas, ya que los agresores ganan poco a poco la confianza de las víctimas.

Según esta herramienta normativa, superado el periodo de más grave afectación psicológica, la víctima de trata (que puede darse con fines de explotación sexual, laboral o de otra índole) participa de su propio plan de reintegración. Esta puede orientarse al ámbito educativo, al sistema de salud o, en víctimas mayores de edad, al ámbito laboral.

“En el Perú tenemos un abanico muy amplio de instrumentos que nos permiten actuar para brindar atención y protección a las víctimas y su reintegración. Probablemente tengamos que perfeccionar algunos de ellos, pero las políticas, las tenemos; y las normas están vigentes. Ahora nos corresponde avanzar en el proceso de implementación de estos instrumentos”, agrega Huerta Barrón.

Así se sanciona la trata de personas según el Código Penal (Click para ampliar):

• forwardArtículo 153 del Código Penal
  Trata de personas
  1. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.
  2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. 3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1.
  4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1.
  5. El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de trata de personas, es reprimido con la misma pena prevista para el autor”.

Según la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de Lima, el 80% de casos de explotación sexual denunciados este año inició por captación desde redes sociales, sobre todo en Facebook y WhatsApp.

“Los tratantes usan la suplantación de identidad en las redes sociales, así como perfiles falsos de Facebook desde los cuales esconden su género, edad y sobretodo su identidad. De esa forma pasan invisibles a los ojos de las autoridades”, dice a la Agencia Andina la fiscal Miluska Romero.

Romero recuerda que, en 2017, un hombre experto en computación suplantó la identidad de una reconocida modelo para captar menores que buscaban incursionar en el mundo de las pasarelas. Desde la cuenta falsa pedía desnudos para evaluar si las niñas tenían el "cuerpo perfecto" y luego les ofrecía sesiones de masajes en los que él participaba para "desarrollar sus medidas". Agrega que el tratante se encontraba con las menores en hostales, abusaba de ellas, las grababa y luego las extorsionaba para que las víctimas le sigan enviando material pornográfico mediante chantaje.

“Las niñas seguían enviándole fotos desnudas o videos de contenido sexual que él colgaba en una página pornográfica desde donde le pagaban por subir estas fotos, y además obtenía un provecho propio que era el sexual”, refiere Romero.

Después del arduo trabajo de investigación entre la Fiscalía y la Policía Nacional se reveló que este sujeto era vecino de sus víctimas y había captado a 30 menores de edad incluyendo sus propios familiares.

“No hay proporcionalidad en cuanto a la sanción que recibe el explotador con el tratante. El explotador amerita mayor peso de la ley, y nuestra legislación no se lo está dando. Sería bueno que la normativa avance un poco más para que se pueda diferenciar la trata de personas de los delitos conexos y de otros delitos de explotación como el proxenetismo”, puntualiza la fiscal.

Por otro lado, afirma que el trabajo de investigación conjunto entre la policía y la Fiscalía es clave a la hora de poner manos a la obra en los casos. Lamentablemente, de un total de 1,000 casos de trata recepcionados durante el 2018, solo 200 pudieron ser formalizados por falta de herramientas de investigación tecnológicas.

“Creo que se debe dar mayores recursos a la Policía Nacional Especializada en Trata de Personas y mayor capacitación de operaciones encubiertas”, propone como solución a corto plazo.

Romero comenta que pese a que la Divindat pide información a la red social para conocer la ubicación de celulares o coordinar el levantamiento del secreto de las comunicaciones del victimario, esta solicitud no es suficiente para generar información dinámica sobre el perfil o los mensajes que comparte en Messenger. Además, Facebook aún permite crear cuentas sin vincular un teléfono celular, lo que facilita el registro de perfiles falsos.

“Entonces prácticamente estás frente a un fantasma. Solo te envían IPs. Luego tienes que pedir a las empresas de telefonía mayor información. Cuando responden te dicen que la IP es pública, y allí se murió el caso”, lamenta Romero.

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