Lima, mar. 30 (ANDINA).- Con la finalidad
de poder destinar más recursos para las inversiones
públicas, particularmente en infraestructura, once
países de América Latina propusieron hoy un
cambio en los instrumentos de control fiscal y lo plasmaron
en la Carta de Lima, documento suscrito esta tarde por once
países de la región.
Esta declaración de principios, probablemente el documento
más importante generado en el contexto de la Cuadragésimo
Quinta Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), contiene ocho puntos y fue firmada por
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Los ministros representantes de esas naciones pidieron que
estas inversiones públicas tengan un tratamiento diferenciado
en el cálculo de los parámetros a los que están
sometidos los gastos corrientes por entidades financieras
internacionales.
En particular, implica que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) flexibilice la forma en que contabiliza el gasto público
destinado a proyectos de infraestructura de tal forma que
se pueda tener más dinero disponible para los mismos,
como puentes y caminos, sin exceder las metas fiscales acordadas
con esta entidad multilateral.
Cabe señalar que en aras de reducir sus déficit
fiscales, una exigencia del FMI, la mayor parte de gobiernos
de América Latina tuvieron importantes programas de
ajuste fiscal, que dieron como resultado la racionalización
de los gastos, la implementación de reformas y la eliminación
de inversiones públicas.
Sin embargo, la restricción de proyectos de inversión
pública con retorno económico positivo deteriora
estructuralmente esa misma situación fiscal.
El documento suscrito hoy respalda el planteamiento conjunto
que hicieron los presidentes de Brasil y Argentina, el 16
de marzo último, para que el dinero que los gobiernos
inviertan en proyectos de infraestructura sea contabilizado
como inversión y no como gasto.
Los suscriptores precisan que las inversiones y gastos corrientes
constituyen hechos económicos con un impacto fiscal
distinto pero en la actualidad son tratados como si tuvieran
un impacto fiscal idéntico.
Ese tratamiento excesivamente simplificado, cuando es adoptado
como centro de las metas fiscales, inhibe la toma de decisiones
económicas racionales, agregaron.
"La
carta era una forma de buscar medios más eficientes
para contabilizar la administración pública",
sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo
Kuczynski, luego de la suscripción de la Carta de Lima.
De otro lado, los ministros dijeron que, en el caso del BID,
la restricción de las inversiones públicas no
ha permitido que la entidad multilateral desempeñe
plenamente su misión.
En el 2002 el BID desembolsó el 60 por ciento de su
presupuesto para proyectos de inversión pero al año
pasado cayó hasta un preocupante 30 por ciento, indicaron.
Frente a ese diagnóstico, los firmantes de la Carta
de Lima enfatizaron la importancia y urgencia del perfeccionamiento
de los criterios de contabilidad utilizados como parámetro
de las metas de política fiscal.
Asimismo, aseguraron que defienden que las inversiones pasen
a tener un tratamiento contable adecuado que no inhiba la
toma de decisiones económicas racionales.
Dijeron que las inversiones, que ya están sometidas
a rigurosos análisis técnicos por las instituciones
financieras internacionales, deben tener un tratamiento diferenciado
en el cálculo de los parámetros a los que están
sometidos los gastos corrientes.
Finalmente, el ministro de Planeamiento, Presupuesto y Administración
de Brasil, Guido Mantega, consideró que la Carta de
Lima es el producto de conversaciones con gobiernos que tienen
afinidades en este momento en que América Latina está
ensayando pasos para retomar su crecimiento.
(FIN) WRR / JPC - 30/03/04 21:55
