Lima, ene. 05 (ANDINA).- Activistas de derechos humanos del Perú se reunieron hoy con el juez Orlando Alvarez, quien está a cargo del proceso de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, detenido en ese país.
Alvarez recibió al mediodía (hora chilena) al director de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Soberón; al el ex procurador Ronald Gamarra y Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados de la Universidad La Cantuta.
“La reunión duró unos 15 minutos, fue muy positiva y bastante protocolar, a la que él(Alvarez) definió como de relación humana con las partes”, manifestó Soberón en conversación telefónica con la agencia Andina desde Santiago de Chile.
En la cita, detalló, el magistrado escuchó a Gisela Ortiz, quien como familiar directa de una de las víctimas del régimen fujimorista, le hizo una breve síntesis de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el Perú durante el periodo 1990-2000.
“Le dijo las expectativas de 13 años de lucha por la justicia por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y que así como están siendo juzgados en el Perú los operadores del grupo Colina sea juzgado Fujimori como coautor de crímenes de lesa humanidad”, añadió.
Soberón informó también que hoy acreditaron ante la Corte Suprema de Chile a los abogados Héctor Salazar y Hugo Gutiérrez que representará legalmente a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Respecto a la posibilidad que la justicia chilena varíe la detención de Fujimori por arresto domiciliario, Soberón dijo que lo único que exigirán a Chile es que se garantice que evitarán la fuga del ex mandatario.
“Esa será una responsabilidad del Estado chileno”, anotó Soberón, quien llegó a Chile el lunes pasado junto con una delegación de derechos humanos para apoyar el pedido de extradición.
Fujimori se encuentra recluido en la Escuela de Gendarmería de Chile, desde el 7 de noviembre pasado, pero este viernes la justicia chilena podría decidir si cambia esta medida.
El martes pasado, el Perú entregó formalmente a la cancillería chilena el pedido de extradición de Fujimori, el mismo que fue derivado a la Corte Suprema de ese país que decidirá si procede o no esta solicitud.
El ex presidente tiene el Perú 21 procesos judiciales por delito de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
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