Lima, dic. 22 (ANDINA).- Los organismos de derechos humanos del Perú estarán vigilantes para evitar una eventual liberación del ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Chile desde noviembre pasado, con fines de extradición.

    Francisco Soberón, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), explicó que una vez que el gobierno peruano formalice el pedido para repatriar al ex presidente ante la justicia chilena, la situación de éste puede cambiar.

   Precisó que “lo que puede suceder es que la Corte Suprema cambie la orden de detención por la de arresto domiciliario” para seguir el proceso de repatriación.

   “La liberación de Fujimori es una responsabilidad del estado chileno. Nosotros consideramos que se debe mantener la detención. Estaremos vigilantes”, manifestó Soberón en diálogo con la agencia Andina.

   Adelantó que la primera acción que efectuará la CNDDHH apenas se oficialice la extradición de Fujimori, es acreditar ante la justicia chilena a dos abogados de ese país para que representen a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos como terceros civil responsable en este proceso.

   Además, indicó que viajará a Santiago de Chile junto con algunos familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el gobierno fujimorista (1990-2000), para solicitar a las autoridades chilenas que no se dilate la respuesta al pedido de extradición del ex mandatario.

  Fujimori fue detenido en Chile el 7 de noviembre pasado, luego que llegara a este país proveniente de Tokio, poniendo fin a su autoexilio de cinco años en Japón.

   El gobierno peruano tiene plazo hasta el 6 de enero para solicitar formalmente la extradición del ex mandatario ante las autoridades chilenas, de lo contrario –según algunos expertos en materia judicial--podría ser liberado.

   El ex jefe de Estado es acusado de ser el autor intelectual de la matanza de 15 personas, entre ellos un niño, en una quinta de Barrios Altos, en 1991, y nueve alumnos y un profesor de la Universidad La Cantuta, en 1992, además de delitos de corrupción y narcotráfico.

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