Lima, mar. 01 (ANDINA).- El candidato presidencial del Apra, Alan García, propuso hoy que en vez de una convocatoria a Asamblea Constituyente, el próximo Congreso debe derogar la actual Constitución de 1993 y restituir la Carta Magna de 1979.

Señaló que, a partir del 29 de julio entrante, el nuevo Parlamento debe introducir cambios fundamentales a la Constitución de 1979, como la incorporación del Defensor del Pueblo y el Consejo Nacional de la Magistratura.

Indicó, asimismo, que el nuevo Congreso también podrá fortalecer la figura del Primer Ministro y realizar otros cambios fundamentales.

Aseguró que la población está en desacuerdo con tener simultáneamente un nuevo Parlamento y una Asamblea Constituyente.

"Lo más sensato es decir éstas son las 5 ó 10 propuestas que tenemos para incorporar conceptos sociales a la Constitución y mejorar la estructura del Estado", opinó, tras mencionar que la convocatoria a una Asamblea Constituyente demandaría una inversión de 85 millones de soles.

"No creo que ningún peruano quiera pagar más por parlamentarios, congresistas o constituyentes", enfatizó.

En declaraciones luego de ser junto a su esposa, Pilar Nores, padrinos de bautizo de tres menores de edad, García Pérez expresó su satisfacción por que su contendora, Lourdes Flores, ya aceptó que "la política del chorreo es un engaño".

"Por fin lo ha dicho, nosotros venimos sosteniéndolo por varios años y estamos satisfechos de que el mensaje vaya llegando a la doctora Lourdes (Flores)", señaló.

En ese sentido, la invitó a reconocer la viabilidad de la propuesta aprista de apoyar a la micro y pequeña empresa a través del Banco de la Nación.

De otro lado, expresó su extrañeza por la manipulación del expediente militar del candidato nacionalista Ollanta Humala, y dijo que hay muchos temas que merecen una aclaración.

"No se qué están haciendo los fiscales", dijo el candidato presidencial.

Por último, consideró como "una interpretación severa y abusiva" la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de denegar la inscripción nueve postulantes apristas al Parlamento.

Explicó, a manera de ejemplo, el caso del candidato Enrique Cornejo, quien por ser catedrático en una universidad pública es considerado funcionario público, y obligado a renunciar con meses de anticipación para poder postular.

"Me parece una interpretación abusiva. Una cosa es ser presidente regional, alcalde o ministro que debe renunciar porque maneja un presupuesto, y otra distinta es el caso de un profesor que tiene 30 alumnos a su cargo. Espero que el JNE sea flexible para permitir su participación", agregó.

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