Lima, jun. 02 (ANDINA).- El fiscal de Tocache Arturo Campos citará en los próximos días al candidato presidencial Ollanta Humala para que dé su versión sobre su presunta participación en torturas y desapariciones forzadas en la base contrasubversiva Madre Mía, en el departamento de San Martín, aseguró hoy la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar.

   Señaló que en vista que no acudió en dos oportunidades anteriores, podría ser requerido de grado o fuerza, aunque esta decisión corresponde al fiscal que goza de autonomía e independencia en su jurisdicción.

    Humala tiene dos denuncias en su contra por torturas a Jorge Ávila Rivera y la desaparición de los esposos Benigno Sullca y Natividad Ávila.

   Según testigos, Humala habría sido el denominado “capitán Carlos”, quien ordenó torturar y desaparecer a varias personas cuando comandó la base Madre Mía.

   La titular del Ministerio Público consideró que ambas denuncias pueden acumularse por tratarse de hechos en los que presuntamente participó la misma persona denunciada.

   Un equipo del Instituto de Medicina Legal, del Ministerio Público, buscó a inicios de año los restos de las supuestas víctimas del “capitán Carlos” en la base contrasubversiva de Madre Mía y la zona conocida como “El Matadero”, y remitió el informe a la Fiscalía de Tocache.

   Dicha instancia judicial interrogó también al demandante Jorge Ávila Rivera, quien fue sometido a una evaluación sicológica.

   La fiscal de la Nación declaró a la prensa a su salida del Palacio Legislativo donde fue condecorada con la Medalla del Congreso de la República en el grado de Gran Cruz, por el 25 aniversario de creación del Ministerio Público como organismo constitucionalmente autónomo y al servicio de la legalidad.

   La distinción fue impuesta por el presidente del Parlamento, Marcial Ayaipoma, en la sala Castilla de la sede del Legislativo.

   En su discurso, Bolívar afirmó que después de un cuarto de siglo el Ministerio Público continúa dirigiendo todos sus esfuerzos para que los peruanos accedan equitativamente a la protección que la ley les otorga, convirtiéndose en una condición imprescindible para convivir en una sociedad inclusiva.

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