Lima, mar. 03 (ANDINA).- La Procuraduría del Ministerio de Defensa evalúa denunciar al militar en retiro y candidato presidencial, Ollanta Humala, por tener fotocopias de parte de su legajo, lo cual es considerado un acto ilegal, informó hoy el titular de dicho portafolio, Marciano Rengifo.

Anunció, asimismo, que este martes 7 concluirá la investigación que viene realizando el Ejército en torno a la desaparición del "informe de eficiencia" del Ejército, de Ollanta Humala, correspondiente a los años 1992 y 1993.

Explicó que, por reglamento del Ejército, está terminantemente prohibido sacar fotocopias a los informes pues todo legajo tiene carácter confidencial.

El ministro de Defensa aseveró, además, que el candidato nacionalista no le puede dar un ultimátum para la presentación del referido "informe de eficiencia".

Fue al responder el emplazamiento del candidato presidencial de Unión por el Perú para que el Ministerio de Defensa publique, en un plazo de cinco días útiles, su "informe de eficiencia" del Ejército correspondiente a los años 1992 y 1993.

Durante su presentación en la comisión de Defensa del Congreso, Rengifo afirmó que si Humala estuviese en actividad sería enjuiciado por la justicia militar porque tener fotocopias de parte de su legajo.

"Pero como ahora es un oficial retirado y la justicia militar ya no tiene jurisdicción, corresponderá a la justicia común tomar conocimiento de este ilícito", añadió.

El ministro rechazó que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa estén ocultando información por una especie de "espíritu de cuerpo" con Humala Tasso, e indicó que harán conocer el informe final de la investigación sobre este caso al Ministerio Público, la justicia y el Congreso.

Por su parte, el comandante general del Ejército, César Reinoso Díaz, estos informes no figuran seudónimos ni acciones que puedan conducir a determinar supuestas violaciones a los derechos humanos.

Mencionó que al asumir el mando, pide informes sobre Ollanta Humala y su permanencia en Madre Mía, determinándose que el legajo no se encontraba en el Archivo General del Ejército, lugar donde debía estar.

Indicó que al realizarse las investigaciones, mucho antes de la denuncia periodística, se determinó que el legajo estuvo en poder del coronel Luis Pereira Briceño, jefe de la Sección de Administración de la Carrera del Oficial (SACO) de Artillería, cargo del cual ya fue relevado.

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