Lima, feb. 04 (ANDINA).- Los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores están prohibidos de realizar proselitismo político y cualquier actividad partidaria o electoral durante el proceso electoral del 2006, según la Directiva sobre Neutralidad y Transparencia de la Cancillería.

Esta norma, publicada hoy en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, tiene incidencia además en las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales, Oficinas Descentralizadas y Entidades Adscritas al sector Relaciones Exteriores,

Según la Resolución Ministerial Nº 0129-2006-RE, los empleados públicos de este portafolio tienen prohibido utilizar locales oficiales para realizar actos políticos o para elaborar instrumentos de propaganda de naturaleza política a favor o en contra de las agrupaciones políticas o de los candidatos que participan en el proceso electoral 2006.

También tienen la obligación de dar las facilidades necesarias para que quienes se encuentren bajo su dependencia ejerzan en forma libre y sin presiones su derecho al sufragio.

Durante los meses de abril y mayo de este año queda terminantemente prohibido el uso de vacaciones para los empleados públicos que prestan servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, señala la norma.

El Ministerio de RREE y sus empleados no pueden interferir en los actos preparatorios de las elecciones generales ni el funcionamiento de las mesas de sufragio o de cualquier otro órgano del sistema electoral. Asimismo, están impedidos de ejercer presión sobre los electores para inducir u orientar el sentido de su voto.

Los órganos pertinentes del sector se encuentran obligados a incorporar una cláusula resolutoria en los contratos de locación de servicios y prácticas pre-profesionales que celebre, renueve o prorrogue con personas naturales, por causal de incumplimiento de los principios y obligaciones contenidas en la directiva.

Las quejas y denuncias contra los empleados públicos que contravengan esta directiva o cualquier norma administrativa, electoral o penal, podrán ser presentadas por las organizaciones políticas, los candidatos o los ciudadanos en general en la Dirección General de Desarrollo de Recursos Humanos de la Cancillería, ante la Defensoría del Pueblo y ante los organismos de supervisión del Sistema Electoral en todo el territorio nacional.

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