Lima, oct. 17 (ANDINA).- La posibilidad de hacer revisables los fallos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podría poner en riesgo la transición democrática y generar inestabilidad política en el país, advirtió hoy el presidente de dicha institución, Enrique Mendoza.
En su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, Mendoza negó sustento constitucional al proyecto de ley que propone dicha medida, y además consideró que resultaría inaplicable por la carga procesal del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
Un subgrupo de la comisión planteó una iniciativa legislativa para permitir la impugnación de los fallos del JNE ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Mendoza argumentó que los artículos 142 y 181 de la Constitución señalan que las resoluciones del JNE no pueden ser revisados en la vía judicial. "Si el TC quiere cambiar esta norma, debe hacerlo mediante una reforma constitucional, y no por la vía de la interpretación", indicó.
Señaló que la institución que dirige ha presentado al Congreso un proyecto de ley para instaurar el "recurso extraordinario de afectación del debido proceso", para asegurar la doble instancia en todas sus decisiones, y al que podría recurrir el candidato que considere vulnerados sus derechos.
Mediante este mecanismo, explicó, el pleno del JNE podría revisar sus propias decisiones, y así modificar cualquier error que pudiera cometer.
Mendoza y el presidente del TC, Javier Alva Orlandini, expusieron ante la Comisión de Constitución del Congreso sus puntos de vista sobre la iniciativa legislativa que permitiría impugnar los fallos del JNE.
En otro momento, el presidente del ente electoral señaló que al haberse inscrito 30 partidos para participar en las próximas elecciones generales, los candidatos al Congreso podrían presentar más de tres mil 600 acciones de amparo.
Frente a esa situación indicó que ni el TC ni la Corte Suprema estarían en condiciones de resolver dichas impugnaciones en los plazos que establece la ley, lo que llevaría a un retraso en el calendario electoral.
Agregó que solo la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema no ha resuelto más de dos mil expedientes, y el TC ha proyectado que no podrá resolver este año más de siete mil expedientes.
Indicó además que incluso las resoluciones del TC podrían ser impugnados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual se corre el riesgo de que los resultados electorales sean ventilados ante la justicia internacional.
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