Lima, ene. 23 (ANDINA).- Dada la gravedad de las denúncias contra Ollanta Humala sobre presuntas violaciones a los derechos humanos es posible una investigación de oficio, afirmó hoy la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar.

"El fiscal (provincial) debe estar evaluando esa información para actuar de oficio, dada la gravedad de los delitos es posible la actuación de oficio", manifestó en declaraciones a la prensa.

Anoche, el candidato presidencial Ollanta Humala fue vinculado en un informe del programa Panorama a una serie de crímenes cometidos en 1992, cuando fue jefe de la Base Militar Madre Mía, entre los departamentos de San Martín y Huánuco.

Según versiones de los pobladores de la zona, Ollanta Humala, quien era conocido como el capitán "Carlos", era un militar de carácter fuerte que incursionaba en los caseríos de La Morada y Primavera, y que habría participado en la desaparición de personas que fueron arrojadas al río Huallaga tras ser ultimadas.

Consultada sobre esta denuncia, la titular del Ministerio Público indicó que "el fiscal correspondiente va a evaluar la información y si hay indicios suficientes va a iniciar una investigación preliminar".

"Todas las investigaciones que correspondan se van a hacer en las fiscalías de acuerdo al nivel, es decir, en las fiscalías provinciales que correspondan; en este caso, son las fiscalías provinciales las que van a hacer la investigación preliminar", precisó.

Bolívar dijo que "si no hay una fiscalía de derechos humanos en la zona asume la fiscalía de turno común", y añadió que "necesariamente (la investigación) tiene que hacerse en el lugar donde se cometieron los hechos".

No obstante, señaló que "si las pruebas, los indicios, los presuntos autores están en Lima, el fiscal va a decidir quién asume la competencia realmente de esa investigación".

Al ser consultada en torno a si la investigación de este caso tendrá un carácter sumario, sostuvo que "las investigaciones son rápidas, son preliminares, inmediatas, antes de la hacer la denuncia correspondiente".

La fiscal de la Nación formuló estas declaraciones luego de participar en la ceremonia de transferencia del local a favor del Consejo Nacional de la Magistratura, que antes era de propiedad del Ministerio de Economía.

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