Lima, oct. 24 (ANDINA).- Es un contrasentido que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya dispuesto crear una nueva instancia en su interior para revisar sus propios fallos, pues sostuvo que ese mecanismo lo convierte en "juez y parte", advirtió Fernando Tuesta, experto en temas electorales.
Sostuvo que la pluralidad de instancias que se reclama para las resoluciones electorales debe darse en órganos diferentes y no al interior de la misma institución, pues en ese caso no existirían garantías de imparcialidad.
"Por ejemplo, se inscriben las listas presidenciales ante el pleno del Jurado y (en caso de impugnación) los mismos magistrados de este pleno tendrán que resolver sobre la resolución que ellos mismo emitieron antes. Es decir, son juez y parte", subrayó.
Tuesta Soldevilla consideró, en ese sentido, que la decisión del JNE de crear una nueva instancia no resuelve el problema de fondo.
Indicó que la salida sería devolverle a la Oficina Nacional de Procesos Elecciones (ONPE) sus funciones administrativas, con lo cual se convertiría en la primera instancia (en casos de inscripción de candidatos, de partidos, etc.), y dejar al JNE como órgano jurisdiccional que fallaría en segunda y última instancia.
Tuesta, ex jefe de la ONPE, dijo de otro lado que no son exactas las afirmaciones del JNE respecto a que se produciría una avalancha de acciones de amparo si se establece que se puede impugnar las resoluciones electorales que violen los derechos fundamentales.
"El Tribunal Constitucional no va a revisar las resoluciones del Jurado, sólo verá los caos en que se hayan violado los derechos fundamentales. En ningún momento se ha dicho que se va a revisar todo lo actuado por el JNE", manifestó.
Indicó que actualmente el TC está ejerciendo el control constitucional en el caso de violación de los derechos fundamentales, incluso en el caso de los fallos del JNE, sin que eso implique haya una avalancha de acciones de amparo contra las resoluciones electorales.
La comisión de Constitución del Congreso debatirá esta tarde un predictamen que establece que las resoluciones del JNE en materia electoral no serán revisables ni sujetas a medidas cautelares.
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