Lima, feb. 26 (ANDINA).- La gobernabilidad de país estará en riesgo si se crea una Asamblea Constituyente, paralela al Congreso de la República, advirtió hoy el presidente de la Comisión de Constitución, Ántero Flores-Aráoz.

En declaraciones a la Agencia Andina, dijo que sería “total y absolutamente inconveniente la creación de una Asamblea Constituyente porque significará tener dos poderes paralelos que pueden generar conflictos entre sí, afectando la gobernabilidad del país”.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue propuesta por el candidato presidencial de UPP, Ollanta Humala, quien ha declarado a un diario local que el nuevo Congreso tendrá vigencia hasta que la referida asamblea concluya con elaborar una nueva Carta Magna.

Flores-Aráoz indicó que si bien la Constitución necesita cambios, estos deben ser parciales y puede hacerlos sin ningún problema el Congreso, sin necesidad de recurrir a crear una Asamblea Constituyente, la cual entrará en conflicto con el Parlamento.

De otro lado, informó que la Comisión de Constitución del Congreso debatirá este 14 de marzo, cuando se reinicie la legislatura, el proyecto de la reforma constitucional para recortar la inmunidad de los congresistas.

El legislador detalló que el proyecto en cuestión propondrá que la inmunidad se circunscriba únicamente a los delitos contra el honor, como injuria, calumnia y difamación; pero no a los delitos comunes perpetrados antes o durante la función legislativa.

Precisó que de esta manera se garantizará que los parlamentarios gocen de plena libertad para emitir sus opiniones durante su mandato, pero al mismo tiempo, puedan ser procesados por otras causas, sin autorización del Congreso.

“De esta manera se estaría pasando de una inmunidad absoluta, como rige ahora, a una inmunidad relativa, porque más que proteger al parlamentario, esta inmunidad sirve para proteger la función legislativa”, anotó.

El predictamen elaborado por la Comisión de Constitución señala que los parlamentarios podrán “ser investigados y procesados por el Ministerio Público y el Poder Judicial, respectivamente, por delito común perpetrado antes o durante el mandato parlamentario” para lo cual “sólo son competentes los fiscales supremos y la Corte Suprema”.

Esto marca una diferencia con el artículo 93 de la Constitución, que señala que los legisladores  “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente”.

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