Jueves 01 de setiembre del 2005
Poder Judicial invoca superar “irregular procedimiento” en elaboración de su presupuesto

Lima, set. 01 (ANDINA).- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial invocó hoy al Congreso reordenar "el irregular procedimiento" del Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto judicial para el próximo año.

"El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial pone de manifiesto su extrañeza y rechazo, e invoca al Congreso de la República reordenar tan irregular procedimiento que vulnera la Constitución Política del Perú y lastima la autonomía de este Poder del Estado", precisó.

Mediante pronunciamiento, la institución judicial hizo mención que el pasado 2 de junio entregó su Proyecto de Presupuesto Institucional para que sea considerado en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2006.

Subrayó que esa propuesta fue elaborada por mandato constitucional y como expresión efectiva del equilibrio de los Poderes del Estado que debe caracterizar al sistema democrático.

En el documento, también refiere que el titular del Poder Judicial, Walter Vásquez Vejarano, debe sustentar el presupuesto ante el Congreso de la República, tal como lo establece la Constitución.

Incluso menciona que la sentencia del Tribunal Constitucional, del 31 de diciembre del 2004, reconoce la facultad del Poder Judicial en elaborar su propio presupuesto.

"Sin embargo, al margen de este procedimiento propio del estado de derecho, el Poder Ejecutivo ha presentado ante el Congreso un Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, en el cual, contraviniendo el ordenamiento constitucional y jurídico vigente, ha considerado un presupuesto para el Poder Judicial", señala.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sostiene que ese prepuesto se encuentra notablemente recortado, sin tener en cuenta las reales necesidades del servicio de justicia y los recursos que se requieren para iniciar efectivamente el proceso de Reforma y Modernización que este Poder del Estado.

Según el texto del pronunciamiento, esa proceso permitiría mejorar sustancialmente la calidad del quehacer judicial y recuperar, progresivamente, la fe y la esperanza ciudadana en la justicia.

(FIN) JCP/JBR