Declaración
de Nuevo León
Preámbulo
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos
democráticamente, entre quienes se encuentran catorce nuevos
mandatarios que han asumido su cargo después de la Tercera Cumbre
de las Américas, realizada en la Ciudad de Québec, Canadá,
nos hemos reunido en una Cumbre Extraordinaria en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, México. Nuestro propósito es avanzar
en la instrumentación de medidas para combatir la pobreza, promover
el desarrollo social, lograr un crecimiento económico con equidad
y reforzar la gobernabilidad de nuestras democracias. Con una visión
renovada y fortalecida de la cooperación, la solidaridad y la
integración, haremos frente a los continuos y crecientes retos
del Hemisferio.
Guiados por la necesidad de trabajar juntos para impulsar la prosperidad,
promover la inclusión social y una distribución más
equitativa del crecimiento económico, eliminar el hambre, elevar
los niveles de vida, generar nuevas oportunidades de empleo y de inversión,
promover el trabajo decente, así como enfrentar las nuevas amenazas
a la seguridad, entre otras, el terrorismo, la delincuencia organizada
y el tráfico ilícito de armas, reafirmamos nuestro compromiso
con la Carta Democrática Interamericana y reiteramos nuestra
firme intención de continuar instrumentando los mandatos de las
Cumbres de las Américas, así como los compromisos asumidos
en la Cumbre del Milenio, la Conferencia Internacional sobre la Financiación
para el Desarrollo (Consenso de Monterrey) y la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo.
Afirmamos que el bienestar de nuestros pueblos requiere el logro de
tres objetivos estrechamente vinculados e interdependientes: crecimiento
económico con equidad para reducir la pobreza, desarrollo social
y gobernabilidad democrática.
Por ello, declaramos:
Crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza
En la búsqueda de un crecimiento económico sostenido y
equitativo que contribuya al desarrollo de largo plazo, reduzca la pobreza,
elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la población,
con especial atención a los sectores y grupos sociales más
vulnerables, nos comprometemos a continuar instrumentando políticas
macroeconómicas sólidas, políticas monetarias y
fiscales prudentes, regímenes de tasas de cambio apropiados,
una administración prudente y apropiada de la deuda pública,
la diversificación de la economía y el mejoramiento de
la competitividad. Nos comprometemos también a la transformación
cualitativa de la administración pública a través
de su modernización, simplificación, descentralización
y transparencia. Asimismo, redoblaremos nuestros esfuerzos para mejorar
el clima de inversión en nuestros países y promover la
responsabilidad social de las empresas.
Reafirmamos nuestro compromiso con el Consenso de Monterrey, adoptado
en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo en 2002, en el sentido de que cada país es el principal
responsable de su propio desarrollo social y económico a través
de políticas racionales, buen gobierno y el estado de derecho.
El cumplimiento de esta responsabilidad permite el uso efectivo de recursos
internos e internacionales para el desarrollo, el crecimiento económico
y la reducción de la pobreza. En este contexto, reafirmamos el
imperativo de la comunidad internacional de apoyar los esfuerzos nacionales
de desarrollo. De acuerdo con las recomendaciones del Consenso de Monterrey,
buscaremos articular esfuerzos internacionales con miras a la movilización
de recursos para el desarrollo económico sostenible y el combate
a la pobreza y el hambre en todos los países del Hemisferio.
En particular, continuaremos nuestros esfuerzos con miras a la identificación
de fuentes de financiamiento seguras que atiendan las necesidades de
los países en desarrollo y la apertura de mercados para sus productos.
Continuaremos implementando políticas públicas que estimulen
mayor ahorro interno, respondan a la necesidad de crear empleos productivos
y contribuyan a una mayor inclusión social.
Destacamos la importancia de la participación del sector privado
en el logro de nuestros objetivos. Reconocemos que las micro, pequeñas
y medianas empresas constituyen un componente fundamental para el crecimiento
económico, la creación de empleos y la reducción
de la pobreza en nuestros países. Apoyaremos a las micro, pequeñas
y medianas empresas a través de políticas y programas
que faciliten su consolidación y formalización, permitan
su efectivo acceso a los mercados y a las licitaciones del sector público,
y entre otros, promuevan la formación de recursos humanos y faciliten
el acceso al crédito, a los servicios de desarrollo empresarial
y a nuevas tecnologías, a fin de reducir los costos administrativos.
Asimismo,
promoveremos la intensificación de la cooperación internacional
para fomentar la transferencia de mejores prácticas orientadas
al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Tomaremos las medidas legales, normativas e institucionales necesarias
y posibles, antes de la próxima Cumbre de las Américas
a celebrarse en 2005, con el objeto de simplificar los procedimientos
y reducir significativamente el tiempo y el costo del establecimiento
de las empresas en cada país de la región.
Apoyamos el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo a fin de
que, a través de sus mecanismos y programas para el desarrollo
del sector privado, triplique para el año 2007 sus préstamos
mediante el sistema bancario a las micro, pequeñas y medianas
empresas, tratando de beneficiar a todos los países que participan
en el proceso de Cumbres de las Américas.
Reconocemos el relevante papel que desempeña el comercio en la
promoción del crecimiento y el desarrollo económico sostenidos.
Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la Agenda de Doha para
beneficiar a todas nuestras economías, especialmente las economías
en desarrollo, promoviendo, entre otras medidas, mejor acceso a los
mercados, eliminando los subsidios a la exportación y reduciendo
sustancialmente las ayudas internas que distorsionan el comercio.
Reconocemos que la liberalización del comercio de productos agrícolas
constituye, entre otros, un elemento esencial para el desarrollo de
la agricultura en los países del Hemisferio. Por lo tanto, reafirmamos
nuestro compromiso con las negociaciones comerciales para promover un
efectivo acceso a los mercados.
Acogemos los avances logrados hasta la fecha para el establecimiento
de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y
tomamos nota con satisfacción de los resultados equilibrados
de la VIII Reunión Ministerial del ALCA realizada en Miami en
noviembre de 2003. Apoyamos el acuerdo de los ministros sobre la estructura
y el calendario adoptado para la conclusión de las negociaciones
para el ALCA en los plazos previstos, que fomentará, con la mayor
eficacia, el crecimiento económico, la reducción de la
pobreza, el desarrollo y la integración, a través de la
liberalización del comercio, contribuyendo al logro de los amplios
objetivos de la Cumbre. *
Continuaremos trabajando en la reforma de la arquitectura financiera
internacional con los objetivos de, inter alia, contribuir a la prevención
y rápida solución de las crisis financieras, que perjudican
particularmente a los países en desarrollo de la región,
reforzar el financiamiento para el desarrollo, combatir la pobreza y
fortalecer la gobernabilidad democrática. Apoyamos los esfuerzos
de los países prestatarios para trabajar con el sector privado
con el fin de explorar nuevos enfoques para reducir la carga del servicio
de la deuda durante períodos de desaceleración económica.
Reconocemos el liderazgo de países de la región al incluir
cláusulas de acción colectiva en sus emisiones internacionales
de bonos.
Hacemos
un llamado a las instituciones financieras internacionales y regionales
a que fortalezcan la coordinación de sus actividades a fin de
que respondan de manera más efectiva a las necesidades de desarrollo
de largo plazo de los países de la región para alcanzar
resultados medibles en sus esfuerzos de erradicación de la pobreza,
a través del uso más efectivo de todas las fuentes de
financiamiento disponibles para el desarrollo.
Manifestamos que el crecimiento económico sostenible es el factor
más importante para la administración y el pago del servicio
de la deuda pública.
Reconocemos que las políticas macroeconómicas racionales
y una prudente administración fiscal son también centrales
para alcanzar la sustentabilidad fiscal a largo plazo.
Consideramos también pertinente tomar en cuenta, cuando corresponda,
las previsiones sobre alivio de la deuda externa señaladas en
el párrafo 48 del Consenso de Monterrey.
Asimismo, reconocemos la responsabilidad de cada país respecto
de su propio desarrollo económico, pero también que existe
un vínculo de interdependencia entre las economías nacionales
y el sistema económico mundial.
En el contexto de la Iniciativa Reforzada para la reducción de
la deuda de los Países Pobres Muy Endeudados, hacemos un llamado
a todos los acreedores a participar en el alivio de la deuda en beneficio
de los países elegibles del Hemisferio, en apoyo a las reformas
económicas y la reducción de la pobreza.
Reconocemos que la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad
es uno de los elementos fundamentales para el crecimiento económico,
toda vez que la verificación del título de la propiedad
ayuda a las personas a obtener préstamos e iniciar negocios.
Por lo tanto, nos comprometemos, en los casos que sea necesario y apropiado,
a fortalecer los derechos de propiedad y ampliar el uso de la misma
como garantía, asegurando la aplicación de normas eficaces,
transparentes, integrales y equitativas que rijan los contratos de propiedad,
así como a mejorar o impulsar las medidas relativas a la transferencia
de la propiedad, los registros de propiedad, el establecimiento de la
propiedad como forma de garantía y los derechos y obligaciones
de deudores y acreedores.
En lo que se refiere a estas medidas, nos comprometemos a emprender
acciones concretas antes de la próxima Cumbre de las Américas,
a celebrarse en la Argentina en 2005, e informar en esa oportunidad
sobre los progresos alcanzados. Nos empeñaremos en asegurar que
los derechos de propiedad beneficien a todas las personas sin discriminación.
Reconocemos que el envío de remesas es una fuente importante
de capital en muchos países del Hemisferio. Nos comprometemos
a tomar acciones concretas para promover el establecimiento, lo antes
posible, de las condiciones necesarias con miras a alcanzar la meta
de una reducción de por lo menos la mitad del costo promedio
regional de estas transferencias, de ser posible a más tardar
en el 2008 e informar de los progresos alcanzados a la próxima
Cumbre de las Américas en Argentina en 2005. Adoptaremos, según
sea necesario y apropiado, medidas tales como la promoción de
la competencia entre los prestadores de estos servicios, la eliminación
de obstáculos normativos y otras medidas restrictivas que afectan
el costo de estas transferencias, así como el uso de nuevas tecnologías,
manteniendo normas de supervisión financiera efectivas.
Promoveremos la protección de los consumidores, la competencia
leal y el perfeccionamiento del funcionamiento de los mercados, a través
de marcos regulatorios claros, efectivos y transparentes.
Desarrollo social
Reconocemos que la superación de la pobreza, el hambre y la desigualdad
social son grandes retos que enfrentan muchos países del Hemisferio
en el siglo XXI. Estamos convencidos de que las políticas económicas
y sociales coordinadas e integradas son un requisito para el éxito
en el combate a la desigualdad de oportunidades y la marginación,
y que tales políticas son pilares fundamentales para edificar
una sociedad más justa. Enfatizamos que el trabajo, el empleo
y el ingreso son esenciales para una política social incluyente.
Reiteramos que el empoderamiento de la mujer, su plena e igualitaria
participación en el desarrollo de nuestras sociedades y su igualdad
de oportunidades para ejercer liderazgo son fundamentales para la reducción
de la pobreza, la promoción de la prosperidad económica
y social y el desarrollo sostenible centrado en el ser humano. Reafirmamos
nuestro compromiso de continuar promoviendo la igualdad y equidad de
género y los mandatos de las Cumbres de las Américas en
esta materia.
Reconocemos la urgencia de que se fortalezcan en la Organización
de los Estados Americanos los mecanismos de lucha contra la pobreza,
tales como el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, la
Comisión Interamericana de Desarrollo Social y el Programa Interamericano
de Combate a la Pobreza y la Discriminación. Reconocemos, asimismo,
la importancia de la promoción y observancia de los derechos
económicos, sociales y culturales. Urgimos a la Organización
de los Estados Americanos a considerar cuidadosamente las recomendaciones
aprobadas durante la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad
e Inclusión Social, celebrada en Isla de Margarita, Venezuela,
para fortalecer la agenda social hemisférica.
Impulsaremos políticas que fortalezcan los sistemas de seguridad
social en nuestros países.
Asimismo,
instrumentaremos, en la medida de nuestras capacidades y posibilidades
financieras, redes de protección social u otras modalidades apropiadas
para atender a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades.
Alentamos a los países del Hemisferio que aún no hayan
establecido estas redes a explorar la posibilidad de hacerlo en el más
corto plazo que les sea posible.
Reconocemos los esfuerzos realizados por países del Hemisferio
para atender los problemas sociales suscitados por situaciones de desocupación,
tales como la adopción de sistemas de seguro de desempleo o programas
de ingreso de subsistencia.
Reafirmamos que la diversidad de culturas que caracteriza a nuestro
Hemisferio enriquece enormemente a nuestras sociedades y que el respeto
y la valoración de nuestra diversidad cultural propician el desarrollo
cultural y la cohesión social en nuestros países.
Con relación a los derechos de los pueblos indígenas,
reconocemos el avance sustantivo alcanzado en las negociaciones llevadas
a cabo en el marco de la Organización de los Estados Americanos
en torno a la Declaración Americana sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, con la participación efectiva de representantes
de estos pueblos. Reiteramos nuestra voluntad política y apoyo
para la conclusión exitosa de las negociaciones y pronta aprobación
de la Declaración, la cual tiene como objetivo promover y proteger
sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Destacamos la importancia de la cooperación entre países
de origen, tránsito y destino para asegurar la plena protección
de los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores
migratorios y sus familias, y la observancia de las leyes laborales
aplicables a ellos, de conformidad con los compromisos asumidos en las
Cumbres de Santiago y de la Ciudad de Québec. Apoyamos la adopción
de programas de migración ordenada como factor de desarrollo
económico y social, y cooperaremos en el combate a la trata de
personas, que afecta especialmente a mujeres y niños.
Estamos comprometidos con los principios del trabajo decente establecidos
por la Organización Internacional del Trabajo y promoveremos
la aplicación de la Declaración relativa a los Principios
y Derechos Fundamentales en el Trabajo, con el convencimiento de que
el respeto de los derechos y la dignidad de los trabajadores es un elemento
esencial para alcanzar la reducción de la pobreza y el desarrollo
social y económico sostenible de nuestros pueblos.
Adicionalmente,
acordamos tomar medidas para combatir las peores formas de trabajo infantil.
Reconocemos
y apoyamos la importante labor de la Conferencia Interamericana de Ministros
de Trabajo para alcanzar estos objetivos vitales.
La educación es factor decisivo para el desarrollo humano, al
incidir en la vida política, social, cultural, económica
y democrática de nuestras sociedades. El incremento de las tasas
de analfabetismo en muchos países de nuestro Hemisferio es un
asunto que requiere nuestra acción inmediata. Nos comprometemos
a continuar promoviendo el acceso a la educación básica
de calidad para todos, basada en los principios de participación,
equidad, pertinencia y eficacia, que genere las capacidades y habilidades
necesarias para impulsar el proceso de desarrollo de nuestros pueblos
sin discriminación ni exclusión alguna y así responder
a los retos del siglo XXI.
Nos comprometemos a incrementar el acceso y la divulgación de
información sobre nuestros sistemas educativos, con el objeto
de mejorar su desempeño. En este sentido, reiteramos nuestro
compromiso de continuar la implementación del Proyecto Regional
de Indicadores Educativos, refrendado en la Tercera Reunión Interamericana
de Ministros de Educación, celebrada en la Ciudad de México.
En especial, aquellos países que no lo hayan hecho elaborarán
y divulgarán públicamente, antes de la próxima
Cumbre, un informe con base en las metas de educación establecidas
en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas,
a fin de fomentar su uso como una herramienta en la toma de decisiones
para evaluar y mejorar los resultados.
Coincidimos en que la investigación y el desarrollo científico
y tecnológico juegan un papel importante en la creación
y el sostenimiento de economías productivas. Seguiremos formulando
políticas y lineamientos que apoyen las asociaciones de investigación
públicas y privadas y promuevan su interacción con los
sectores productivos, teniendo en cuenta los requerimientos y objetivos
de nuestros países.
Continuaremos
incrementando las inversiones en el área de ciencia y tecnología,
con la participación del sector privado y el apoyo de los organismos
multilaterales. En este sentido, nos empeñaremos en ampliar el
acceso efectivo y equitativo a las tecnologías y su transferencia.
Asimismo,
intensificaremos nuestros esfuerzos para incentivar a nuestras universidades
e instituciones superiores de ciencia y tecnología a multiplicar
y potenciar sus vínculos y a profundizar la investigación
básica y aplicada. En relación con todas estas iniciativas,
nos comprometemos a la protección de la propiedad intelectual,
de conformidad tanto con las leyes nacionales como con los convenios
internacionales.
Estamos conscientes de que la revolución informática aporta
nuevas oportunidades para aumentar el acceso al conocimiento para el
desarrollo y para ampliar la participación equitativa en el desarrollo
sostenible de nuestras sociedades, particularmente en las áreas
rurales, remotas y marginales. En un esfuerzo por reducir la brecha
digital, tanto dentro de nuestros países como entre ellos, nos
comprometemos con la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información y la instrumentación
continuada de la Agenda de Conectividad para las Américas y el
Plan de Acción de Quito. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso
de construir una sociedad de la información enfocada en el ser
humano, incluyente y orientada al desarrollo, que esté inspirada
en los objetivos de inclusión social, reducción de la
pobreza y el progreso en el marco de un desarrollo económico
social equilibrado.
Nos abocaremos, en el marco de nuestras legislaciones y competencias
nacionales, a incentivar el acceso a precios razonables a las tecnologías
de la información y la comunicación para todos, y alentaremos
la plena y activa participación de la sociedad civil, incluido
el sector privado, para alcanzar esta meta.
Destacamos que uno de los pilares del desarrollo humano y el progreso
de las naciones es la protección social en materia de salud,
por lo que continuaremos ampliando las estrategias de prevención,
atención y promoción, así como la inversión
en este ámbito, a efecto de proveer servicios de calidad para
todos y mejorar dentro de lo posible la protección social a todas
las personas, con particular énfasis en los grupos más
vulnerables.
Estamos particularmente preocupados por el impacto del VIH/SIDA en nuestras
respectivas sociedades, su proliferación y la amenaza que ésta
representa para la seguridad de nuestros pueblos. Reconocemos que para
combatir la pandemia del VIH/SIDA es necesario realizar mayores esfuerzos
de prevención, atención y tratamiento en el Hemisferio.
Nuestro liderazgo político es esencial para hacer frente al estigma,
la discriminación y el temor que disuaden a las personas de someterse
a la prueba y acceder al tratamiento y atención. Reconocemos
que, para hacer frente a los desafíos causados por la pandemia
del VIH/SIDA, se requiere continuar aumentando los esfuerzos de cooperación
a nivel mundial.
De acuerdo con las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas y
de sus organismos especializados, las decisiones pertinentes de la Organización
Mundial del Comercio y la Iniciativa "tres millones para 2005"
de la Organización Mundial de la Salud, nos comprometemos a facilitar
tratamiento accesible del VIH/SIDA con el objetivo de proveer tratamiento
antirretroviral a todos los que lo necesiten, lo más pronto posible
y al menos a 600.000 individuos para el año 2005.
Asimismo,
solicitamos al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis
y el Paludismo identificar criterios que permitan a los países
de América Latina y el Caribe tener un mayor acceso a sus recursos.
De la misma forma, estamos preocupados por las enfermedades emergentes
y reemergentes, tales como malaria, dengue, fiebre amarilla, tuberculosis,
lepra, mal de Chagas y otras, considerando el actual contexto económico,
social y de saneamiento ambiental, el impacto de los recurrentes desastres
naturales y los problemas de salud asociados con el crecimiento no planificado
en áreas densamente pobladas.
Por ello, nos comprometemos a reforzar los programas de promoción,
prevención, control y tratamiento, continuar desarrollando y
fortaleciendo estrategias de cooperación técnica entre
países de la región y profundizar la cooperación
técnica con la Organización Panamericana de la Salud,
el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos interamericanos,
así como con otros actores clave, con el propósito de
implementar acciones integrales de salud pública para el control
y la eliminación de estas enfermedades.
Nos comprometemos a mantener un esfuerzo sostenido para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones rurales, al promover las inversiones
y crear un entorno favorable para el mejoramiento sostenible de la agricultura,
a fin de que contribuya al desarrollo social, la prosperidad rural y
la seguridad alimentaria. En este contexto, apoyamos la aplicación
del Plan de Acción "AGRO 2003-2015" para la Agricultura
y la Vida Rural de las Américas, adoptado por la Segunda Reunión
Ministerial de Agricultura y Vida Rural, llevada a cabo en la Ciudad
de Panamá en noviembre de 2003, y esperamos que el Foro Mundial
de Biotecnología, que se llevará a cabo en Chile en marzo
de 2004, contribuya a combatir el hambre en la región.
Asumimos el compromiso de incrementar la cooperación y fortalecer
las instituciones responsables de coordinar e implementar las acciones
orientadas a disminuir el impacto de los desastres naturales en las
personas y su efecto en los planes nacionales de desarrollo, con énfasis
en las áreas de prevención, mitigación, atención
de emergencias y gestión del riesgo en sus diferentes niveles.
Creemos que asegurar la salud ambiental de nuestras poblaciones es una
inversión para el bienestar y la prosperidad de largo plazo.
Nos sentimos estimulados por la nueva alianza de los Ministros de Salud
y Medio Ambiente de las Américas y les encomendamos desarrollar
una agenda de cooperación para prevenir y minimizar los impactos
negativos al medio ambiente y a la salud humana.
Gobernabilidad democrática
Expresamos nuestro apoyo a la Declaración de Santiago sobre Democracia
y Confianza Ciudadana para definir una agenda de gobernabilidad para
el Hemisferio que nos permita enfrentar los desafíos políticos,
económicos y sociales, para fomentar la credibilidad y la confianza
ciudadana en las instituciones democráticas.
Reiteramos nuestro compromiso con la plena aplicación de la Carta
Democrática Interamericana, que constituye un elemento de identidad
regional cuya proyección internacional es un aporte de nuestro
Hemisferio a la comunidad de naciones. Reafirmamos nuestra decisión
de coordinar acciones inmediatas cuando la democracia corra peligro
en cualquiera de nuestros países. Asimismo, continuaremos nuestros
esfuerzos para fortalecer los mecanismos de defensa de la democracia
y para desarrollar y promover una cultura y una educación para
la democracia.
Reconocemos la participación de muchos países del Hemisferio
en la Comunidad de las Democracias y hacemos un llamado para que la
Tercera Conferencia Ministerial continúe apoyando el fortalecimiento
de las instituciones democráticas, en especial de los partidos
políticos.
El fortalecimiento y respeto del estado de derecho, la defensa de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, el progreso económico,
el bienestar y la justicia social, la transparencia y la rendición
de cuentas en los asuntos públicos, la promoción de diversas
formas de participación ciudadana y la generación de oportunidades
para todos son fundamentales para promover y consolidar la democracia
representativa.
La gobernabilidad democrática se fortalece a través del
diálogo entre todos los sectores de la sociedad. Continuaremos
impulsando una cultura democrática y de desarrollo basada en
el pluralismo y la aceptación de la diversidad social y cultural.
Reconocemos que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones
públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan
contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la
asignación de recursos para el desarrollo. Por ello, nos comprometemos
a intensificar nuestros esfuerzos para combatir la corrupción
y otras prácticas no éticas en los sectores público
y/o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión
pública más eficiente.
Manifestamos nuestra preocupación por prácticas corruptas,
ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas
nacionales y transnacionales, que podrían afectar negativamente
las economías, en particular en las de los países en desarrollo,
sus productores y consumidores.
La Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos
de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla y establece que son componentes
fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las
actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los
gobiernos en la gestión pública. Por ello, incrementaremos
nuestra cooperación en el marco de la Convención Interamericana
contra la Corrupción, particularmente a través del fortalecimiento
del Mecanismo de Seguimiento de este instrumento. Encomendamos a la
próxima reunión de la Conferencia de los Estados Partes
del Mecanismo de Seguimiento de la Convención que proponga medidas
concretas para fortalecer ese mecanismo. Estas recomendaciones se evaluarán
en una reunión de los Estados Partes de la Convención
a realizarse en Managua, Nicaragua, a mediados de 2004. Asimismo, en
esa reunión se considerarán medidas concretas adicionales
para aumentar la transparencia y combatir la corrupción. Instruimos
a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que nos informen en la
Cuarta Cumbre de las Américas sobre los progresos realizados.
Acordamos hacer consultas en el caso de que la adhesión a nuestros
objetivos compartidos de transparencia y anticorrupción, de conformidad
con la Convención Interamericana contra la Corrupción,
se vea seriamente comprometida en cualquiera de nuestros países.
Nos comprometemos a impulsar la transparencia en los procesos políticos,
en la administración de las finanzas públicas, en las
transacciones gubernamentales y en los procedimientos de licitaciones
y contratos de acuerdo con la legislación interna para, entre
otras cosas, prevenir los abusos y mantener la confianza pública.
En el marco de nuestra legislación nacional y normas internacionales
aplicables, nos comprometemos a negar acogida a funcionarios corruptos,
a quienes los corrompen y a sus bienes, y a cooperar en su extradición,
así como en la recuperación y la restitución de
los activos producto de la corrupción a sus legítimos
propietarios. Asimismo, nos comprometemos a perfeccionar los mecanismos
regionales de asistencia jurídica mutua en materia penal y su
implementación.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
es un valioso instrumento para enfrentar este flagelo, por lo que nos
comprometemos a considerar su firma y promover su ratificación.
También nos comprometemos a incrementar la transparencia de las
organizaciones internacionales de las cuales somos miembros a través
del fortalecimiento de sus mecanismos de rendición de cuentas.
Reconocemos que el pluralismo político y partidos políticos
sólidos son elementos esenciales de la democracia. Destacamos
la importancia de normas que aseguren la transparencia de sus finanzas,
eviten la corrupción y el riesgo de influencias indebidas y alienten
un alto nivel de participación electoral. Por ello, promoveremos
las condiciones que permitan a los partidos políticos desarrollarse
con autonomía de los gobiernos. Alentaremos la formación
política y preparación de líderes, incluyendo mujeres,
jóvenes, indígenas, miembros de grupos étnicos
y poblaciones marginadas. Destacamos la importante labor del Foro Interamericano
sobre Partidos Políticos para facilitar que los partidos compartan
mejores prácticas y se fortalezcan, así como para promover
reformas de los sistemas de partidos políticos.
Coincidimos en que, a través de la participación ciudadana,
la sociedad civil debe contribuir en el diseño, ejecución
y evaluación de las políticas públicas impulsadas
por los distintos órdenes o niveles de gobierno. Reconocemos
el papel de la sociedad civil y su contribución a la buena gestión
pública y reafirmamos la importancia de continuar consolidando
nuevas asociaciones que permitan la vinculación constructiva
entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales
y distintos sectores de la sociedad civil para que trabajen a favor
del desarrollo y la democracia.
Alentaremos la participación de la sociedad civil en el proceso
de Cumbres de las Américas, para lo cual nos proponemos institucionalizar
los encuentros con la sociedad civil, el sector académico y el
privado.
Impulsaremos la modernización del Estado como elemento importante
para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el
buen gobierno, conjugando eficacia y eficiencia con mejor acceso a los
servicios, transparencia y responsabilidad en la gestión, así
como la consolidación y profesionalización de la administración
pública. Nos comprometemos a estimular el uso de nuevas tecnologías
de información y comunicación en los procesos de gestión
pública y adoptar estrategias que permitan el desarrollo del
gobierno electrónico.
El acceso a la información en poder del Estado, con el debido
respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad
y confidencialidad, es condición indispensable para la participación
ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos
comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos,
así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar
a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información.
Tomamos nota con satisfacción de que los gobiernos del Hemisferio
están ejecutando el Consenso de Monterrey, al explorar formas
innovadoras para movilizar financiamiento para la inversión privada
y pública y reforzar el manejo de la deuda, considerando instrumentos
financieros como los bonos indexados al crecimiento y otros, para promover
la estabilidad macroeconómica y reducir la vulnerabilidad financiera.
La aplicación de estas medidas estaría orientada a acelerar
el crecimiento económico, reducir la pobreza y fortalecer la
gobernabilidad democrática.
Tomamos
nota, asimismo, de los esfuerzos de los gobiernos de la región
para promover la discusión en esta área.
Destacamos el papel de las actuales agencias multilaterales al proveer
asistencia humanitaria. Asimismo, tomamos nota de las discusiones e
iniciativas encaminadas a mejorar la efectividad en la provisión
de asistencia humanitaria y erradicación de la pobreza, tales
como la propuesta de crear un Fondo Humanitario Internacional, de carácter
voluntario.
La justicia social y la reducción de la pobreza contribuyen a
la estabilidad, la democracia y la seguridad de nuestros Estados y de
la región. Reiteramos que entre las principales causas de inestabilidad
en la región se encuentran la pobreza, la desigualdad y la exclusión
social, que debemos enfrentar en forma integral y urgente.
Los avances en el desarrollo económico y social y el logro de
mayores niveles de equidad a través del buen gobierno contribuirán
a que se avance en la estabilidad en el Hemisferio y se profundice la
dimensión humana de la seguridad.
Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos y propósitos
contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas,
aprobada en la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en la
Ciudad de México en octubre de 2003, que se basa, entre otros,
en el concepto multidimensional de la seguridad, así como en
el principio de que el fundamento y el propósito de la seguridad
es la protección de los seres humanos.
Esta es nuestra primera reunión desde los trágicos eventos
del 11 de septiembre de 2001. Reiteramos que el terrorismo, así
como la proliferación de armas de destrucción masiva,
constituyen graves amenazas a la seguridad internacional, a las instituciones,
a los valores democráticos de los Estados y al bienestar de nuestros
pueblos. Resolvemos intensificar nuestros esfuerzos y fortalecer nuestra
cooperación para enfrentar estas amenazas.
Tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo
y su financiación, en cumplimiento pleno de nuestros compromisos
en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional
de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados
y el derecho internacional humanitario. De igual manera, nos comprometemos
a luchar contra todas las formas de delincuencia transnacional, incluido
el tráfico ilícito de drogas, armas y personas, particularmente
cuando generan fondos utilizados en apoyo a las organizaciones terroristas.
También nos comprometemos a adherirnos a las normas mundiales
contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Hacemos un llamado a aquellos países que aún no lo hayan
hecho a ratificar la Convención Interamericana contra el Terrorismo,
las doce convenciones y protocolos de las Naciones Unidas contra el
terrorismo, así como otros instrumentos relacionados. Instamos
a todos los países a considerar con urgencia la firma y ratificación
de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia
Penal y a participar activamente en la Red de asistencia jurídica
mutua en materia penal.
Encomendamos a la Organización de los Estados Americanos, el
Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana
de la Salud, la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Corporación
Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración Económica
y el Banco de Desarrollo del Caribe que fortalezcan su coordinación
y continúen profundizando su apoyo, a través de sus respectivas
actividades y programas, comprometiendo los recursos apropiados para
implementar y hacer seguimiento de los Planes de Acción de las
Cumbres de las Américas, así como de esta Declaración,
y que presten su asistencia en los preparativos de la Cuarta Cumbre
de las Américas a celebrarse en 2005.
Agradecemos a la Organización de los Estados Americanos y a su
Secretaría General, en particular a la Secretaría del
Proceso de Cumbres de las Américas y al Grupo de Trabajo Conjunto
de Cumbres, su labor en el seguimiento de las mismas y en los trabajos
preparatorios de esta Cumbre Extraordinaria.
Expresamos nuestro agradecimiento al pueblo y al Gobierno de México
por haber hospedado esta Cumbre Extraordinaria de las Américas
y al Gobierno de la Argentina por refrendar la invitación para
celebrar en ese país la Cuarta Cumbre de las Américas
en 2005.
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas,
acordamos que el presente documento sea conocido como la "Declaración
de Nuevo León" y lo aprobamos a los trece días del
mes de enero del año dos mil cuatro.
*"Venezuela se reserva el párrafo relativo al ALCA, por
motivos principistas y diferencias profundas acerca del concepto y la
filosofía contenidas en el modelo propuesto, así como
por el tratamiento dado a las materias específicas y a los plazos
establecidos. Ratificamos nuestro compromiso con la consolidación
de un bloque regional y de comercio justo, como base para fortalecer
los niveles de integración. Este proceso debe considerar las
especificidades culturales, sociales y políticas de cada país;
la soberanía y constitucionalidad; el nivel y tamaño de
sus economías para garantizar un trato justo."
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