Jorge Sedano Falcón (Diario La República), Eduardo de la Piniella Palao (El Diario de Marka), Willy Retto Torres (Diario El Observador), Pedro Sánchez Gavidia (El Diario de Marka), Amador García Yanque (Semanario Oiga), Jorge Luis Mendivil Trelles (Diario El Observador), Félix Gavilán Huamán (El Diario de Marka), Octavio Infante García (Diario Panorama de Huamanga) y el guía Juan Argumedo García.

Hechos

Los periodistas partieron a las 6:05 de la mañana del 26 de enero de 1983, del Hostal Santa Rosa rumbo a la imprenta de Octavio Infante García (donde editaba el diario "Noticias"), ubicada en la esquina de los jirones Manco Cápac y Libertad, dirigiéndose luego a la salida de la ciudad, al control policial de La Magdalena.

Pasado el control, a pesar de no tener salvoconducto, los periodistas partieron hacia el Chacco, en el pueblo de la Quinua, cruzaron las faldas del Condorcunca hacia el paraje de Pallccai, hasta llegar a la laguna de Toccto, donde desayunaron, para luego continuar su viaje a pie.

Los periodistas pasaron cerca de la casa de la campesina Martina Díaz de Huicho con dirección a Balcón y de allí continuaron hacia Chacabamba, donde estaba ubicada la casa de los padres de Octavio Infante, hasta llegar a Ichicruz y luego a Uchuraccay, lugar del holocausto.

Estado del caso

Apenas producido el hecho el gobierno nombró una comisión especial, integrada por Mario Vargas Llosa, Mario Castro Arena Y Abraham Guzmán Figueroa, para investigar los trágicos sucesos. El grupo se instaló el 5 de febrero de 1983 y un mes después entregó su informe al en ese entonces presidente Fernando Belaunde Terry.

Esta comisión especial precisó en su informe que la mascare fue obra de los comuneros de Uchuraccay, probablemente aliados con los de otras comunidades vecinas.

Luego empezó el lento proceso judicial en Ayacucho, encargándose el caso al juez ad hoc Juan Flores Rojas. En agosto de 1983, al cumplirse el plazo fijado por la ley para el término de la instrucción, fue ampliado a dos meses más, y posteriormente se autorizó una segunda ampliación.

El informe de Flores Rojas al término del primer plazo ampliatorio señalaba que habían 17 comuneros acusados, sin embargo, denunció en aquella ocasión la falta de apoyo para cumplir con la captura de los autores del crimen, así como para concretas otras diligencias relacionadas con las investigaciones.

El caso pasó a Lima por las irregularidades registradas en Ayacucho. Finalmente se responsabilizó de la muerte a los campesinos y la autoridad judicial condenó a tres de ellos. Testigos e inculpados murieron misteriosamente a lo largo del proceso. Los presuntos autores intelectuales no recibieron castigo.

(Texto: Asociación Nacional de Periodistas del Perú)