Lima, set. 03 (ANDINA).- El terremoto del 15 de agosto pasado movilizó la solidaridad y colaboración hacia el Perú, lo que se ha traducido en una ayuda material (víveres, alimentos, frazadas, ropa y otros) equivalente a 15 mil toneladas, y donaciones en efectivo por 32 millones de dólares, hasta el momento.

     Los compromisos asumidos por otros países y organismos internacionales elevaría esa suma a 89 millones de dólares.

    Así lo informó hoy el canciller José Antonio García Belaunde en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, que presidió el congresista Alejandro Aguinaga (GPF). 

    El ministro detalló que las donaciones de organismos internacionales y privados se suman a las realizadas por los gobiernos centrales, como por ejemplo Alemania; de gobiernos autónomos como los de Cataluña y Andalucía (España), o fueron canalizadas a través de organismos propios como Gran Bretaña a través de Care Perú.

    Comentó que la ayuda de países como Argentina (en siete aviones), Cuba (un  hospital), México (un barco-hospital), Bolivia y Colombia, ha sido canalizada a través del Indeci y los gobiernos regionales. “La Cancillería no administra la ayuda, solo la canaliza”, precisó el ministro en respuesta a las preguntas de los congresistas miembros de la comisión.

    En otra respuesta, García Belaunde destacó que lo importante era el gesto de apoyo y la acción en el primer momento que desplegaron los presidentes sudamericanos, más allá de su presencia en el Perú. “Los presidentes se movilizan en función de su propia agenda; no todos pudieron viajar”, dijo el ministro.

   Durante la ronda de intervenciones el congresista Yonhy Lescano (AP) propuso que el gobierno gestione ante el Club de París la condonación o exoneración del pago de intereses de la deuda con este organismo, que asciende a 230 millones de dólares, para ser destinados a la reconstrucción de Ica.

    Igualmente propuso que el gobierno de los Estados Unidos otorgue un estatuto de protección temporal a los peruanos residentes en ese país, para que sigan trabajando en territorio norteamericano (como ocurrió con otros países en condiciones similares de catástrofe); y solicitó que RR.EE. informe sobre una probable sustracción de un tercio del archivo del ministerio, que incluye mapas limítrofes y por el cual se habría pagado hasta un millón de dólares.

    El congresista Güido Lombardi (UN) pidió que se invite al ex canciller Eduardo Ferrero a la comisión, para que sustente sus argumentos (contrarios a los del ministro) por los cuales el Perú no estaría en desventaja si no firma previamente el Convemar como condición para acudir al Tribunal de La Haya para tratar el diferendo marítimo con Chile.

     Franklin Sánchez (PAP) pidió que se priorice el debate del proyecto de ley que quedó pendiente de la legislatura anterior sobre el desarrollo de las fronteras.

     En la sesión, antes de que se ingrese a una reservada, el canciller se refirió al asilo político otorgado por el Perú al líder sindical venezolano Carlos Ortega, y dijo que una comisión de funcionarios de la Torre Tagle estudió el tema y se aceptó concederle el asilo por razones políticas. Pero ello, subrayó, “no puede ser motivo de conflicto. No tiene nada que ver con la ayuda del gobierno de Venezuela, ni está condicionado a ninguna ayuda”.

(FIN) NDP/DBG