Lima, ago. 21 (ANDINA).- Hasta diez años de prisión le correspondería recibir como sanción penal a los funcionarios públicos que se apropien de cualquier tipo de donaciones, como fue el caso de una empleada de la municipalidad de La Victoria, coincidieron hoy los abogados penalistas Luis Lamas Puccio y Julio Rodríguez.

Ambos letrados sostuvieron que la acción de la subgerente de Defensa Civil de la municipalidad victoriana, María Teresa Rosas García –quien llevó a su vivienda media tonelada de donativos que debían ser enviados al sur- es un indicio de peculado agravado, ya que no sólo es una funcionaria pública sino que debía proteger estos bienes.

Sólo probando que efectivamente los bienes sobraron en el reparto, dicha funcionaria podría librarse del proceso penal que corresponde a casos de esta naturaleza, aunque, coincidieron en que ése no puede ser un argumento de defensa.

Sin embargo, dijeron, eso es muy difícil porque existiendo 200 mil damnificados a raíz de una catástrofe de la naturaleza que conocemos, es imposible que una donación pueda sobrar.

Si se hubiera tratado de un incendio donde se quemaron 100 casas, plenamente identificadas, podría probarse, pero en este caso hay más de 200 mil damnificados, no hay forma de que la ayuda sobre, refirió Rodríguez.

Lamas incidió más bien en que aún así se probara que la ayuda estaba demás, o que los bienes no tenían un destino fijo, el procedimiento era llevar esa donación a algún depósito municipal y no a su domicilio.

La funcionaria municipal fue descubierta tras la denuncia de los vecinos, quienes la vieron introducir víveres y otros donativos a su vivienda. A raíz de ello, efectivos de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Prevención del Delito allanaron su inmueble y encontraron gran cantidad de paquetes que en realidad debía ser para las poblaciones afectadas por el terremoto.

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