Puno, ago. 23 (ANDINA).- Puno tendría algunos inconvenientes para cumplir con la Ley de Solidaridad, que faculta a los gobiernos regionales y municipios a utilizar los recursos que perciben por canon, sobrecanon y regalías mineras para ayudar a los damnificados del sur, advirtió hoy su presidente, Hernán Fuentes Guzmán.

   “En el caso de la región Puno no tenemos muchos recursos, no tenemos presupuesto, sólo 52 millones. Si destinamos un 20 por ciento de nuestros recursos cuánto nos quedará (…) Sin necesidad de esa ley o antes de esa aprobación, Puno se hizo presente”, manifestó.

   Precisó que “ha transportado más de 80 toneladas de medicinas, alimentos y ropa. El pueblo respondió rápidamente, sin la necesidad de esa ley. De manera que vamos a poner en consideración (ese tema), pero tenemos esas dificultades e inconvenientes”.

   Discrepó así con Vladimiro Huaroc, titular de Junín y coordinador de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, quien se mostró a favor de la Ley de Solidaridad, aprobada en la víspera por el Congreso.

   “Respetamos su punto de vista, seguro él tiene sus argumentos, pero no concordamos, porque tenemos nuestras observaciones y discrepancias en este asunto. Como lo hemos expresado cada región tiene una realidad distinta y no se puede generalizar a todas”, indicó en el programa “No Hay Derecho” de Radio San Borja.

   Consideró que la aprobación de dicha ley involucra, una vez más, al Congreso de la República en la emisión de disposiciones sin consultar a los gobiernos regionales y cuestionó al Ejecutivo por pretender endosar todas las responsabilidades del Estado a dichas administraciones.

   “Los congresistas tienen que reflexionar, no estamos en los tiempos donde ellos pueden dar cualquier disposición o norma, cada región tiene una realidad distinta (…) El Gobierno Central quiere endosar todas las responsabilidades a los gobiernos regionales y ahí está el fondo del asunto. El gobierno quiere deshacerse de todo, quiere lavarse las manos. ¿Cuál es el rol que va a cumplir el Estado? Nos quiere responsabilizar de cualquier problema o emergencia que se suscite”, expresó.

   De otro lado, el titular de Puno dijo esperar que por esta discrepancia no se le plantee una nueva denuncia o proceso penal, al ironizar sobre la acusación presentada en su contra por la toma del aeropuerto Manco Cápac de Juliaca y su intención de impedir el transporte ferroviario.

   La autoridad se consideró una víctima de hostigamiento por parte del actual régimen.

   “Nosotros calificamos está actitud (las denuncias), como una venganza política del gobierno, que ha emprendido contra el presidente regional de Puno”, expresó.

   Sostuvo que, al parecer, “quieren deshacerse del presidente regional de Puno. A lo mejor consideran que somos una piedra en el camino o en el zapato y por eso han emprendido una andanada de denuncias de carácter penal, lo que consideramos hostigamiento y una especie de persecución. Las autoridades judiciales y policiales tienen que determinar la responsabilidad fehaciente, categórica e indubitable de los responsables”.ç

   Aseguró que no tiene ningún inconveniente en que se investigue a su esposa Lidia Anco Navarro, a quien se le acusa de presunta agresión a la consejera del gobierno regional Leticia Casa Nina.

   “Tenemos una denuncia en Juliaca, Puno y Lima, no sabemos cuántas denuncias más van a venir”, se preguntó.

   Finalmente, Fuentes Guzmán coincidió con el embajador venezolano en Perú, Armando José Laguna, quién manifestó en la víspera que la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) no tiene oficinas en el interior del país, en clara referencia a la ciudad de Puno.

   “Concordamos con las expresiones que ha dado el embajador de venezolano en Perú, Armando José Laguna, porque nosotros hemos reiterado varias veces que el ALBA en Puno es una iniciativa de ciudadanos de la región”, agregó.

   (FIN) JOT