El 70% del índice de la criminalidad en el país se concentra en Lima, Callao, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Ica y Arequipa. Estas son las regiones en las que la Policía ha priorizado sus acciones en inteligencia de casos complejos. Como resultado, ha ejecutado más de 90 megaoperativos contra economías ilegales y la delincuencia urbana.
Las acciones adoptadas han desbaratado 84 organizaciones criminales dedicadas al robo de bienes, extorsiones, tráfico de tierras, homicidios, ajuste de cuentas, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando, piratería y lavado de activos.
Los resultados: casi 4 millones de soles y 400 mil dólares incautados; 1,255 detenidos; entre ellos, 70 agentes policiales. El 80% de los intervenidos está en prisión preventiva o bajo comparecencia restringida.
En el interactivo elaborado por la Agencia Andina se presentará un balance detallado de las acciones del Ministerio del Interior (Mininter), incluyendo los bienes y armas incautadas.
El 7 de noviembre, los oficiales detuvieron a 35 integrantes de la organización criminal "Los Chacales del Desierto", dedicada desde el 2012 a la usurpación agravada, la extorsión, el sicariato y la tenencia ilegal de armas para traficar terrenos invadidos del Proyecto Especial Chinecas, ubicado al sur del distrito de Nuevo Chimbote (Áncash). En la intervención participaron 943 efectivos de las regiones policiales de Áncash, La Libertad y de Lima, con el apoyo de 60 fiscales especializados en crimen organizado.
La madrugada del 8 de noviembre, los agentes capturaron a 17 integrantes de la organización criminal "Los Malditos de Barranca", dedicados a la extorsión a través del cobro de cupos, robo agravado y tenencia ilegal de armas en el Norte Chico. La intervención fue realizada de manera simultánea en Barranca, Supe, Pativilca y Paramonga (Lima), así como en Chimbote (Áncash). A la fecha se han ejecutado 91 megaoperativos.
Esta madrugada, @PoliciaPeru y @FiscaliaPeru desarticularon la organización criminal Los Malditos de Barranca, la cual se dedicaba al robo de vehículos y extorsión de transportistas en el norte chico. pic.twitter.com/efYts4iDOk
— Mininter Perú (@MininterPeru) 8 de noviembre de 2017
El viceministro de Orden Interno del sector, Rúben Vargas, precisó a la Agencia Andina que la meta para fines del 2017 es ejecutar 100 megaoperativos.
“¿En qué se sustenta nuestra estrategia? Es un trinomio: inteligencia, investigación policial y apoyo de la Fiscalía. Los tres actores trabajan como un solo equipo respetando su marco legal para enfrentar la criminalidad organizada. Antes no había una comunión”, sostuvo.
En cada megaoperativo se despliega, en promedio, 340 agentes. El 12 de junio pasado, 1,500 policías lograron desbaratar a “Los Injertos de Nuevo Ayacucho”, una organización con 38 miembros, entre ellos cuatros suboficiales de la PNP, que traficaban terrenos en Cañete y en el sur de Lima. La presencia de 40 fiscales, uno para cada detenido, aseguró que todos terminen cumpliendo 36 meses de prisión preventiva.
Para reforzar el trabajo se han instalado bases de inteligencia en la franja costera del país. “La inteligencia policial nos permite investigar las organizaciones criminales complejas”, dijo.
Ésta se complementa con el Programa de Recompensas. A la fecha hay 2,279 prófugos registrados en esta campaña y 677 capturados gracias al apoyo de la ciudadanía.
Los prófugos de los megaoperativos son incluidos en este programa. En Huaral, los miembros de “Los Monos de Quepepampa” fueron liberados luego de su captura en un megaoperativo a mediados de octubre. Sin embargo, la Fiscalía apeló y se revocó la libertad. “Hemos logrado capturar, uno a uno, a 20 miembros hasta el momento gracias al Programa de Recompensas”, afirmó Vargas.
Al respecto, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, señaló a la Agencia Andina que, en cada megaoperativo, se movilizan entre 30 y 60 fiscales.
Armar un megaoperativo no es simple. “No se puede pretender desarticular una organización criminal sin inteligencia. Hay que reconocer el trabajo de la Policía. Una vez que detectan una presunta organización criminal, (los agentes) dan cuenta a mi despacho, y el fiscal provincial trabaja con los oficiales a cargo de la investigación. Luego de que se identifican a los objetivos, el Ministerio Público solicita la orden judicial y se procede con la captura. Tras el operativo se pide prisión preventiva. Se necesita un fiscal por cada detenido”, explicó.
A la fecha hay 20 fiscalías dedicadas a los delitos de crimen organizado en el país.
“La Diviac es un grupo especial de investigadores cuidadosamente seleccionados que tiene como objetivo principal la desarticulación de organizaciones criminales complejas. Durante meses investigamos utilizando procedimientos especiales, recopilando pruebas sólidas que sirven para la judicialización de los casos. Ello, sumado al respeto a los derechos fundamentales que nos caracteriza, garantiza la fortaleza de los megaoperativos”
Coronel PNP
Harvey Colchado, Jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac)
El fenómeno delictivo ha pasado por la reconfiguración de las organizaciones y cambios en la estructura. Esto se traduce en algunas características clave de los criminales.
En primer lugar, la Policía ha detectado que hay cabecillas que, aun en prisión, monitorean actividades delictivas.
A fines de junio, 942 agentes y 70 fiscales lograron la captura de 61 miembros de “Los babys de Oquendo”.
Esta organización, conformada sobre los remanentes de “Los injertos” y “Los destructores”, generaba terror en los distritos del cono norte de la capital, principalmente en Los Olivos, San Martín de Porres, Puente Piedra, Carabayllo y el Callao. Los criminales pedían cupos en el sector construcción y usurparon terrenos gracias a sus vínculos con funcionarios sospechosos de corrupción. Los 24 policías miembros desaparecían ilegalmente las denuncias en su contra.
El cabecilla Juan Enrique Ramos Bellido ‘Kike’ dirigía las operaciones desde el penal La Capilla en Puno.
¿Qué está haciendo el Ministerio del Interior al respecto? El viceministro Vargas aseguró que los miembros de diversas organizaciones han sido trasladados de penales para eliminar su actividad criminal. ‘Kike’ fue llevado en julio al penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado a 5 mil metros sobre el nivel del mar, entre Puno y Tacna. Las requisas también se han elevado.
En los casos detectados en Lima, Ica, Trujillo y Chiclayo, la dirección del INPE coordinó el traslado a penales en Juliaca y Cerro de Pasco. “Es necesario hacer esfuerzos adicionales para un mayor control. Se están realizando desde el sector justicia”, dijo Vargas.
Megaoperativo “Mercurio I 2017” contra la minería ilegal.
Megaoperativo "Granizada 2017" contra la tala ilegal.
Policía captura a organización criminal 'Los Charlys de Chiclayo' en megaoperativo
Presidente Pedro Pablo Kuczynski presenta los resultados del megaoperativo “Impertérritos 2017”
La corrupción es otro de los problemas que el sector debe enfrentar. En total, los megaoperativos han permitido la captura de 70 oficiales de la PNP que no respetaron su investidura.
“Hay malos agentes que pasan información o forman parte de la organización criminal. Tenemos la decisión que el policía que cruza la línea ya no es un policía, sino un delincuente. Los estamos capturando y poniendo en disposición del juez”, aseveró Vargas.
“Los chivitos de Campo Amor” fue desarticulada en febrero. Entre los 22 miembros habían cinco policías colaboradores de la agrupación, junto con dos fiscales. También se detuvo a tres menores de edad. La organización criminal está involucrada en al menos 22 homicidios en la provincia de Zarumilla, en Tumbes, en los últimos dos años. La impunidad se debía debido a la complicidad de los funcionarios públicos y agentes policiales. Actualmente, 18 tienen prisión preventiva y el resto, comparecencia restringida.
El Programa de Recompensas también recibe reportes de ciudadanos sobre policías que brinda información o pertenece a una organización criminal, agregó Vargas.
El fiscal Cotrina Vargas también se pronunció sobre los malos funcionarios públicos. “Si hubiese un fiscal o juez vinculado a una organización criminal, nuestro fiscal provincial lo remite a la oficina de control interno para la investigación. Nosotros investigamos a personas naturales. Pedimos que las oficinas de control interno sea eficaces cuando notificamos sobre fiscales (vinculados a organizaciones criminales)”, dijo.
Otro caso reciente es la captura de 37 miembros de “Los rucos”, entre ellas, siete oficiales policiales y el alcalde de Chilca, Richard Ramos. La organización criminal usurpaba terrenos y cobraba cupos en obras de Chilca. La PNP estima que aún queda pendiente atrapar a 13 miembros más. Los trabajos de inteligencia continúan en distritos cercanos como Pucusana, Cañete, Lurín y Paracas.
Esta investigación revela otra característica: el papel de los financistas. Estas personas invierten dinero y luego lo recuperan al revender propiedades usurpadas. En la compleja estructura criminal de “Los rucos” se detuvo a siete personas vinculadas a sindicatos y empresas fachada. A la fecha, 31 capturados purgan prisión preventiva.
¿Cuáles son las dificultades que enfrenta la Policía? No solo tiene que enfrentar la corrupción, también hay problemas logísticos y legales.
El viceministro Vargas reiteró que la franja costera norte reúne la mayor cantidad de casos complejos, pero que hay zonas no exploradas debido a la falta de acceso.
La tasa de homicidios más alta se registra en Tumbes con 22.9 por cada 100 mil habitantes. Lima tiene 14.3 y Callao 12.7. En el país, el promedio es 7.7. En Tumbes, la tasa de denuncias por tenencia ilegal de armas es de 18.3 por cada 100 mil habitantes, la más alta a nivel nacional. La tasa por denuncias por delitos en general es de 22.8 por cada 1,000 en esa región. Le sigue Lambayeque, con 14.3 y Callao, con 12. Lima tiene 10.9.
“Solo contamos con dos helicópteros policiales. Sí, tenemos dificultades logísticas. (La compra de helicópteros) es un tema urgente, que está en nuestra prioridad”, dijo. Hay zonas rurales y áreas de difícil acceso como Madre de Dios, Cajamarca y Huánuco donde se han detectado delitos de economías ilegales.
Además, en el aspecto legal, se han propuesto normas desde el Ejecutivo y el Legislativo para fiscalizar las cooperativas, pero siguen sin ser debatidas. “En las cuencas cocaleras, como el Vraem, hay cooperativas que no están siendo fiscalizadas por la SBS. Hay lavado de activos a gran escala”, afirmó. Los crímenes en la zona quedan impunes debido a la falta de actualización de la normativa.
En ese sentido, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, manifestó que están trabajando temas de protocolo de los agentes encubiertos y sobre el delito de pérdida de dominio.
La ley sobre este último delito es una herramienta eficaz, pero no se está utilizando, alertó. “No hemos entendido que la Ley de Pérdida de Dominio es un arma letal contra el crimen organizado”, dijo. El problema detrás es que “faltan recursos económicos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público”. No hay ningún juzgado especializado en pérdida de dominio y, en su opinión, deberían haber al menos uno en cada capital de región.
Entre los retos pendientes están las capacitaciones a los policías especializados, que son permanentes para adoptar el uso de la tecnología. Por ejemplo, las extorsiones, no solo son por teléfono, también por mensaje de texto o aplicaciones como Whatsapp o Facebook. “Tendremos investigaciones con software especializado”, añadió Vargas.
Por su parte, el Ministerio Público también ha adoptado cursos en técnicas de investigación criminal. En noviembre y durante el próximo año se programarán capacitaciones sobre acciones tácticas.
También se pronunció sobre las limitaciones logísticas que afrontan. “La Fiscalía sí (utiliza la tecnología), pero tenemos un gravísimo problema con los juzgados. Cada carpeta por detenido tiene entre 500 y 1000 páginas. Durante los 15 días de investigación preliminar, los fiscales y el personal se dedican a fotocopiar y a numerar. Los jueces no han entendido que estamos en otra etapa. Mientras se habla del expediente electrónico, los jueces de crimen organizado no nos reciben detenidos ni requerimientos si no vamos con un camión con estas carpetas impresas. No podemos estar atentando contra la ecología sacando 50 mil copias. Esto dificulta el trabajo”, lamentó.
De otro lado, los beneficios penitenciarios indebidos generan mayor carga a los agentes. La PNP informó que entre los criminales detenidos hay sujetos con antecedentes policiales y penales.
“Lamentablemente a veces se registran resoluciones judiciales con beneficios indebidos a delincuentes con antecedentes. Es un trabajo adicional que pone en marcha la inteligencia policial porque sabemos que van a intentar recomponer la organización criminal. Aquí es muy importante la inteligencia policial”, añadió.
A ello se suma otro problema vigente: las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, minería ilegal, y/o lavado de activos suelen tener una estructura aún más compleja. Los niveles de especialización obligan a tener cómplices que son rápidamente reemplazables. Por lo tanto son resilientes al control estatal y dificulta su captura.
Sin embargo, el Ministerio del Interior tiene en la mira cinco objetivos para el 2021: reducir a 19% la victimización personal; al 2% la presencia de extorsiones; al 10% la violencia contra la mujer; al 8% los robos de vivienda; y conseguir que la tasa de homicidio caiga a 4.5 por cada 100 mil habitantes.
Publicado: 08/11/2017. Última actualización: 05/12/2017 10:30 a.m.