Las relaciones sentimentales no eran prioridad para Eyvi Agreda Marchena (22). Su sueño más cercano era concluir su carrera de negocios internacionales en un reconocido instituto de Lima. Con mayores ingresos económicos podría perseguir otro anhelo: traer a sus hermanas menores, que viven junto a su madre en el distrito de San José de Lourdes, Cajamarca, a Lima para que ellas pudieran continuar sus estudios.
Pero sus metas han quedado estancadas. Al menos diez operaciones y un tratamiento que le tomará un año de recuperación han detenido sus aspiraciones. La noche del martes 24 de abril se encontraba en Miraflores cuando un sujeto que, en pleno viaje en transporte público, roció gasolina sobre su cuerpo y le prendió fuego. Su agresor confeso, Carlos Hualpa Vacas, la intentó asesinar luego de semanas de acoso. No superó su rechazo. También dejó otros nueve pasajeros heridos.
Es el décimo primer caso registrado en abril del 2018 (6 feminicidios y 5 tentativas atendidas). En el primer trimestre del 2018, hubo 32 feminicidios y otras 82 tentativas, cifras superiores a las del año pasado en el mismo periodo, que arrojaban 29 y 53 casos, según la Defensoría del Pueblo.
Las estadísticas en el marco histórico son alarmantes: 1,053 víctimas de feminicidio entre enero de 2009 y diciembre de 2017. En promedio, cada mes hay 10 víctimas de feminicidio en el Perú, según el Registro de Feminicidio del Ministerio Público (ver interactivo).
La mayoría de las víctimas es joven. El 56.6% tenía entre 18 a 34 años; el 16.6%, entre 35 a 44 años y el 8,2%, entre 45 a 54 años. Entre 2009 y 2017 hubo 147 menores de 18 años, que equivalen al 14% del total, y 49 víctimas mayores de 54 años (4,7%).
La crueldad se evidencia en las víctimas de feminicidio (ver gráfico). También destaca un incremento de casos en los primeros y últimos meses del año.
En los últimos nueve años, los distritos fiscales de Lima (122), Junín (88), Lima Norte (64), Arequipa (62), Lima Sur (52), Puno (51), Lambayeque (47), Ayacucho (44), Lima Este (43) y Cusco (41) registraron el mayor número de delitos a nivel nacional. De cada diez feminicidios registrados en el Perú, seis ocurren en estos distritos fiscales.
Eyvi estuvo al borde de la muerte tras ser agredida por un conocido, un excompañero de trabajo. Y este no es un caso aislado. ¿Sabía que el 89.9% de los feminicidios fueron cometidos por la pareja o la expareja de la víctima?
El 10.1% fue víctima por un conocido o desconocido (feminicidio no íntimo). Pero, en el 2017, también hubo 28 casos adicionales de posible feminicidio. En este último grupo se incluyen aquellas muertes de mujeres que tuvieron lugar en circunstancias que hacen sospechar que se trata de un feminicidio, pero respecto de las cuales la información disponible no permite sostener que se tratan de homicidios por razones de género. Si se suman los feminicidios (97) y los posibles feminicidios (28), el número de muertes violentas de este tipo ascienden a 125.
Para que los casos de feminicidio sean investigados como tales desde un principio, el Ministerio Público ha elaborado un protocolo que será aprobado y difundido en los próximos días.
Leticia Silva, fiscal provincial de familia y representante del Ministerio Público ante el Plan Nacional de Igualdad de Género, explicó a la Agencia Andina que su oficina ha trabajado en este instrumento para investigar delitos de feminicidios desde julio del 2017.
“No es solo un instrumento del ámbito jurídico, también científico porque se han recogido aportes de especialistas forenses. Es un protocolo integral con enfoque de género que será de utilidad para construir una teoría del caso sólida para denunciar ante el Poder Judicial y así conseguir una sanción efectiva”, sostuvo.
Este protocolo le da las pautas a los fiscales para que, desde el primer momento que se encuentre una mujer fallecida, se pueda presumir un caso de femicidio íntimo o no íntimo. “Esta presunción debe marcar el camino de la investigación jurídica y científica. Antes se podía evaluar el caso como violación sexual, homicidio agravado u otro delito. (Ahora), continuando con la investigación, se podrá confirmar o descartar el feminicidio”, afirmó.
En estas últimas semanas se concluyeron las revisiones, y posteriormente será difundido en el Instituto de Medicina Legal y en el Ministerio Público a escala nacional tanto en formato impreso como digital.
Además, este mes se inician capacitaciones con enfoque de género a nivel nacional a través de un diplomado que durará cinco meses. Se trata de 100 magistrados y científicos que serán formados en la PUCP.
“Evaluaremos alianzas con universidades para cubrir otros enfoques como la diversidad de género y la interculturalidad. La violencia que se da en Lima no es la misma que se da en una comunidad de Puno, sobre todo en materia de costumbres y sobre lo que la población define como delito. Por ejemplo, algunas poblaciones determinan que niñas de 13 años sean sometidas a relaciones sexuales sin su consentimiento. Eso es violación. Es un delito en la justicia ordinaria. Los fiscales no pueden perder de vista delitos en comunidades con costumbres específicas. Hay límites”, sostuvo Silva.
Entre enero del 2017 y el mismo periodo del 2018, el Poder Judicial emitió 113 condenas por delito de feminicidio así como 1,852 sentencias en procesos por violación de la libertad sexual.
Asimismo, están en trámite actualmente 925 procesos por feminicidio así como 24 mil 973 casos por el ilícito de violación de la libertad sexual, abiertos entre el 2016 y 2017.
Para enfrentar este delito, la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, también establece la creación de un Registro Único de Víctimas y Agresores.
La normativa precisa que se consignan todos los datos de la víctima y del agresor, la tipificación, las causas y consecuencias de la violencia, la existencia de denuncias anteriores y otros datos necesarios.
El protocolo base, que dará lineamientos para identificar las obligaciones de cada entidad e integrar las acciones, ya está siendo elaborado por el Ministerio de la Mujer.
Además, en el 2017 fue promulgado un Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio. También se publicó la ley 30710 que amplía la prohibición del beneficio de la suspensión de la pena efectiva a los condenados por lesiones leves contra mujeres.
En cuanto a iniciativas legislativas, un proyecto de ley para modificar el artículo 471 del Nuevo Código Procesal Penal a fin de excluir la acumulación de la terminación anticipada de proceso y la confesión sincera en delitos de violencia contra la mujer (feminicidio). El 16 de abril de 2018, la propuesta pasó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, según la página web del Congreso.
Además, también se propone añadir responsabilidades al Ministerio de la Mujer para dar seguimiento a las medidas de protección dictadas por el Poder Judicial en bienestar de mujeres afectadas. El proyecto de ley se encuentra en debate en las comisiones Mujer y Familia, así como Justicia y Derechos Humanos.
Otra iniciativa pretende garantizar el pago de la reparación civil en caso de violencia sexual, feminicidio y tentativa. El juez podrá dictar medidas cautelares sobre los bienes del condenado. Y se establece la disminución de la reparación ante la confesión voluntaria.
Si bien en los dos últimos años se han fortalecido las normativas contra la violencia con la mujer, todavía se requieren mejoras.
Diana Portal, Comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, precisó a la Agencia Andina que en el primer trimestre de 2018.
“El personal de la Defensoría del Pueblo se ha entrevistado con los familiares de Eyvi Agreda. Entendemos que hubo varios hechos previos de acoso, incluso mensajes de texto. Esto se tomará en cuenta durante el proceso”, sostuvo.
La noche del viernes 27 de abril, el Juzgado de Turno de la Corte Suprema de Lima dictó 9 meses de prisión preventiva para Carlos Hualpa Vacas como presunto autor de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, lesiones graves y contra la seguridad pública en agravio de Eyvi Agreda Marchena.
La comisionada dijo que el marco jurídico actual también necesita mayores precisiones sobre el acoso en línea a través de Facebook, Whatsapp y otras plataformas sociales.
Por ello, resaltó la necesidad de aprobar un tipo penal que sancione las distintas manifestaciones de acoso para brindar protección efectiva a las víctimas.
“Si bien tenemos un marco legal (contra el acoso sexual) hace falta uno que pueda responder a estos casos de seguimiento, invasión del espacio privado y acoso virtual. Hemos formulado esta preocupación ante las autoridades”, afirmó. En su opinión, esta actualización de la ley pudo haber prevenido el ataque de Carlos Hualpa contra Eyvi Agreda. Ella no denunció el acoso que inició en el 2015.
La Defensoría del Pueblo iniciará el 3 de mayo la campaña "No + feminicidios" para mejorar la coordinación entre entidades gubernamentales en cuanto a prevención. “Se inicia en esta región porque es una de las que tiene el más alto índice después de Lima”, sostuvo. En las próximas semanas y meses se extenderá a nivel nacional.
Fecha de publicación: 01/05/2018. Última actualización: 01/05/2018 10 a.m.